La reforma judicial pactada por el PSOE y PP continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados. El texto diseñado por los dos grandes partidos y con el que se cerró la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años de bloqueo, se debatirá en ponencia este martes. El objetivo es agilizar el trámite lo máximo posible para que pueda llevarse a Pleno el próximo 23 de julio.
Fuentes parlamentarias confirman a Vozpópuli, que el texto firmado en Bruselas no sufrirá modificaciones, lo que supone que, finalmente, el PSOE transigirá a la condición impuesta por el Partido Popular de limitar el papel del fiscal general. Los socialistas descartan la presentación de nuevas enmiendas y prevén que la Comisión de Justicia de luz verde al dictamen de la reforma legislativa que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal este mismo miércoles 17 de junio.
De esta forma, además de facilitar el nombramiento de los nuevos vocales del CGPJ, el PSOE asume ya la despolitización de la Fiscalía General, punto incluido por los 'populares' en el acuerdo firmado por Félix Bolaños y Esteban González Pons el pasado mes de junio. La reforma judicial modifica el artículo segundo de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En concreto, impone un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento del Fiscal General del Estado, de manera que no podrá ser propuesto para dicho cargo quien, en los cinco años anteriores, bien haya ostentado algún cargo público. Es decir, quedarían descartados aquellos candidatos que en años anteriores hayan sido nombrados titular de un Ministerio, Secretaría de Estado, Consejería de un gobierno autonómico o Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, entre otros puestos.
Una reforma encaminada a acotar el poder del fiscal general, en plena crisis del órgano de García Ortiz tras la consecución de múltiples escándalos relacionados con su dirección. El último relaciona al sustituto de Dolores Delgado con la filtración de datos confidenciales del caso que se sigue contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La demanda interpuesta por el empresario Alberto González Amador empuja al fiscal general al borde de la imputación.
La reforma del Poder Judicial pactada en Bruselas no se modifica
Una situación denunciada por los populares que piden su inmediata dimisión al frente del Ministerio Público. Mientras tanto, la reforma judicial que PP y PSOE prevén aprobar la próxima semana incrementa las causas de abstención del fiscal general. El futuro fiscal general "deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados" en la ley del Poder Judicial. De esta forma, las partes involucradas en dichas causas podrán recurrir al superior jerárquico del fiscal de que se trate; en el caso del fiscal general del Estado los intervinientes podrán dirigirse al teniente fiscal del Tribunal Supremo.
Tras rechazar sortear las enmiendas a la totalidad registradas por Podemos y Vox, cuyos textos alternativos no consiguieron el aval del Pleno del pasado jueves. Los socialistas rechazan la idea de incluir nuevas enmiendas a la reforma legislativa de Ley Orgánica del Poder Judicial con la que se especulaba hace unos días. De esta forma, los vocales propuestos por PSOE y PP podrán jurar su cargo ante el Rey en la Zarzuela el próximo 25 de julio. El actual CGPJ celebrará este miércoles su última Comisión Permanente y el último Pleno se reunirá este jueves 18 de julio.
El PSOE rechaza las enmiendas de Sumar
El único trámite que queda por solventar antes de que el texto llegue al Pleno de los Diputados es discutir las enmiendas parciales registradas por los socios de Sánchez. A pesar de haber propuesto dos de los candidatos para el CGPJ, Sumar insiste en promover que las Cortes Generales elijan además de a los titulares, un suplente específico por cada vocal. Los de Yolanda Díaz piden, además, garantizar el acceso a plazas de salas del Tribunal Supremo para el denominado cuarto turno judicial, es decir, magistrados o abogados que acceden a la carrera de forma más tardía a los del turno libre.
No obstante, según fuentes parlamentarias, se prevé que las enmiendas registradas por Sumar sean rechazadas por la Comisión de Justicia. Los socialistas y los de Feijóo se comprometieron a no aceptar ninguna enmienda que no estuviera incluida en el texto firmado en Bruselas. Cinco años para cerrar un acuerdo supone muchas horas pendiente del teléfono y el consenso para cambiar hasta la última coma del texto diseñado por los dos grandes partidos.
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