Carles Puigdemont ha forzado una nueva negociación con el PSOE para salvar dos decretos ley que este miércoles planteaba el Gobierno, los referentes al anticrisis y al ómnibus; un pacto que ha servido a los independentistas para arrancar nuevas cesiones de Moncloa a Cataluña, incluida la transferencia de competencias de inmigración. Una decisión que ha suscitado la indignación en la Policía Nacional: voces internas consideran que se trata de un "despropósito".
Así se manifiesta el sindicato Jupol de la Policía Nacional, quien ha mostrado su "más rotunda repulsa al anuncio" realizado por el PSOE y Junts sobre la cesión de las competencias en materia de inmigración y extranjería a la Generalitat de Cataluña, "unas competencias que hasta ahora eran exclusivas de la Policía Nacional para todo el territorio nacional".
Para Jupol este anuncio supone "una nueva pérdida de competencias" para los policías nacionales destinados en Cataluña. El sindicato considera que se lleva a cabo "sin atender en ningún caso a criterios técnico u operativos" y basándose solamente en "objetivos políticos y partidistas".
Esta merma en las competencias de la Policía Nacional es una muestra del talante que pretende mantener este Gobierno durante la legislatura y del perjuicio que va a suponer el mismo para todos los policías nacionales, para la institución y en consecuencia para la ciudadanía en general", indica el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.
"Desmantelamiento policial"
A su juicio, el acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE supone "un nuevo paso para consumar con la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones en el territorio catalán", así como "el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña y su expulsión de este territorio, tal y como han hecho con la Guardia Civil en Navarra".
Como adelantó Vozpópuli, Junts también ha conseguido arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez la derogación del Real Decreto del PP que facilitó la salida de empresas de Cataluña y blindar la ley de amnistía -una trasposición de una Directiva- a cambio de su abstención este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Así lo ha comunicado la formación de Carles Puigdemont, al mismo tiempo que ha defendido otras cesiones como la transferencia integral de las competencias de inmigración, una rebaja del IVA del aceite del 5% al 0% y la publicación inmediata de las balanzas fiscales.
Otro de los puntos que ha prometido el Gobierno es multiplicar por cinco los fondos previstos para la digitalización de la Administración de Justicia. Asimismo, el Ejecutivo asumirá, según asegura Junts, el gasto total de las bonificaciones del transporte en Cataluña, que en el resto de comunidades se comparten entre la Administración General del Estado y la regional.
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