El Partido Popular estudia ya la posibilidad de llevar al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a la Justicia, tras conocerse que condonó una deuda de 1,3 millones al Grupo Zeta al que pertenecía un periódico, Mediterráneo de Castellón, en el que tiene acciones por valor de 177.866 euros, el 1,2%, según consta en su última declaración pública de bienes.
Fuentes de la que es ahora segunda fuerza en la comunidad detrás del PSOE explican a Vozpópuli que han solicitado ya al Consell la documentación relativa a los expedientes de todas las medidas gubernamentales que afectaron al proceso que permitió al Grupo Zeta ser adquirido por otro gran grupo editorial de la región, Editorial Prensa Ibérica, del 'constitucionalista' Javier Moll.
Las acciones del ahora 'president' en el grupo Pecsa, propietario de Mediterráneo, se revalorizaron un 45% desde el año 2012, cuando asumió el cargo de secretario general de los socialistas valenciano
La operación se ha beneficiado de una condonación firmada por el propio Puig, accionista del grupo Pecsa y por tanto beneficiario de dividendos del periódico Mediterráneo (en concreto, de 5.880 euros en 2017, según el Portal de Transparencia valenciano, tal y como avanzó ElDiario.es).
El valor de dichas acciones, estiman desde el PP, han podido crecer precisamente gracias a la condonación de la deuda y el cambio de empresa editora. El Mundo informó, por ejemplo, que las participaciones del ahora 'president' se revalorizaron, hasta los últimos datos oficiales, en un 45% desde el año 2012, cuando Puig asumió el cargo de diputado en el Congreso por Castellón y también, el de secretario general de los socialistas valencianos.
"Tráfico de influencias"
El PP, que aclara conocer de momento "solo lo que sale por la prensa" sobre la polémica operación, sospecha que puede haberse producido un caso de "tráfico de influencias" con posibles derivaciones legales.
Los populares "recurrirán a los tribunales" si el Consell no les entrega la documentación requerida en el plazo legal de tres meses. A su juicio, en suma, Puig se habría saltado la ley de Compatibilidades del propio Consell ya solo por el hecho de no abstenerse en el Pleno que aprobó el decreto que facilitó el acuerdo entre el Instituto Valenciano de Finanzas y Prensa Ibérica que, a la postre, entiende el PP, benefició personalmente al 'president'.
El PP, que aclara conocer de momento "solo lo que sale por la prensa" sobre la polémica operación, sospecha que puede haberse producido un caso de "tráfico de influencias" con posibles derivaciones legales
"No es lo mismo tener acciones en una empresa que está en concurso de acreedores que unos títulos en un grupo saneado", argumentan los populares, que también han puesto de relieve una enmienda transaccional a la ley de Incompatibilidades - de la que ni socialistas ni Compromís se han hecho cargo - que avala que los cargos públicos tengan participaciones accionariales de hasta un 10% tanto en Sociedades Limitadas como en Anónimas (lo que ha evitado que Puig se vea obligado a vender sus acciones) y no de solo hasta un 0,5% en las Anónimas, como proponía oficialmente en un principio el proyecto apadrinado por Compromís.
"Los créditos fueron dados por el PP"
El propio Puig, por contra, ha puesto de relieve que los créditos fueron dados por el Gobierno popular de Eduardo Zaplana a través del IVF y que "estos no eran muy razonables". El presidente ha insistido en "no haber ocultado nunca nada" y mantener una actitud pasiva en la dirección del Mediterráneo.
Paralelamente, el IVF - que ha requerido comparecer en las Cortes, algo que no se daría hasta septiembre - ha asegurado que se trató de una reestructuración de deuda y de "recuperación de préstamos en los mismos términos que la banca comercial, en el que se dieron seis millones y se habrán recuperado 4,8" sin "información de si estaba detrás esta operación u otra" y que el 'president' "nunca ha dado luz verde ni roja a ninguna actuación del IVF".
