"La semana fantástica de la corrupción socialista". Así ha bautizado el PP a todos los frentes que el Gobierno tiene abiertos de aquí al viernes. Un vergel de obstáculos políticos y citaciones judiciales ligadas a la actividad más oscura del Ejecutivo que este lunes se agrandó con dos nuevos contratiempos. Primero, con la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar los delitos de malversación a los líderes del procès y su decisión de mantener la orden de detención sobre Carles Puigdemont. Lo que supone toda una contraprogramación a los tiempos marcados por el Gobierno con Junts y ERC y una auténtica desactivación de la Ley de Amnistía. Y, segundo, tras ordenar la Audiencia Nacional al juez del caso Koldo citar como testigo al exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, para aclarar la relación entre la matriz de Air Europa y la presunta trama de corrupción con epicentro en el Ministerio de Transportes mientras estuvo dirigido por José Luis Ábalos.
Fuentes de Génova adelantan, además, que el PP seguirá cercando al "entorno" del presidente del Gobierno –el eufemismo encontrado para hablar de su familia– indagando en las dudas generadas por su actividad laboral. "El PP reclamará información sobre la situación del hermano del presidente del Gobierno que, con sueldo público de una institución socialista, está siendo investigado por fraude y malversación", anuncian sobre el músico conocido como David Azagra, jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz.
Un movimiento que servirá como telonero a la declaración de Begoña Gómez, mujer de Sánchez, el viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla, quien la investiga por delitos de corrupción y tráfico de influencias. La ensalada de problemas la condimenta la posible "imputación" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según apuntó el domingo el portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado, quien acuñó, precisamente, el término de semana fantástica.
Todo ello, tan sólo una semana después de que Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, escenificaran su máximo grado de acercamiento desde que el gallego llegara al mascarón de proa del PP, en abril de 2022. Un pacto de Estado de máxima magnitud como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que avalará el Congreso en las próximas semanas.
Y un hito que ha abierto la puerta a otras renovaciones pendientes como la cúpula del Banco de España, incluido al gobernador (tradicionalmente, a propuesta del partido del Gobierno) y al subgobernador (oposición); de cinco vacantes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC); del presidente y resto de puestos directivos del Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyo mandato caduca en meses; o de la futura Comisión Nacional de Energía.
Cal y arena. Fricción y entendimiento. O lo que es lo mismo: "oposición al Gobierno y lealtad al Estado", según aseguró Feijóo el pasado martes, apenas una hora después de que su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmaran en Bruselas un acuerdo que desencallaba una anomalía constitucional cinco años y medio después.
No obstante, no será Pons quien negocie nada con Bolaños esta vez. Será la secretaria general, Cuca Gamarra, la encargada de recuperar la influencia perdida en el Banco de España, como adelantó Vozpópuli el viernes pasado. Para ello, tendrá que negociar con Bolaños y María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Además, como ha podido saber este periódico, Tellado también tendrá voz en las conversaciones. "La clave es ser discretos, negociar discretamente, y avanzar en lo que se pueda. Si el PSOE ofrece perfiles homologables, no habrá problema. Lo que no va a suceder es que aceptemos al [José Félix] Tezanos de turno", apuntan desde la dirección nacional del PP.
"Oposición frontal"
"El que puede lo mucho, puede lo poco", explicaba un destacado dirigente del PP el pasado miércoles. Una situación que Génova trata de desligar de una "oposición frontal" a Pedro Sánchez. La dicotomía arriba referenciada de Feijóo entre oposición política y lealtad institucional. "No nos hemos puesto de acuerdo en calendarios ni en nada", añaden altas fuentes del Gobierno, si bien también proclives a cerrar a esos acuerdos concretos.
Dada la guerra abierta entre ambos partidos, y las etiquetas que penden sobre ambas trincheras, el pacto del CGPJ generó un debate argumental de ida y vuelta la semana pasada en el Congreso. "Usted dijo en la última sesión de control que el PP es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el acuerdo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha?", le espetó Feijóo a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. Fue Bolaños, en su respuesta a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien sacó el bumerán. "¿Usted cree que han llegado a un acuerdo con una pandilla de autócratas, de dictadores, de bilduetarras, de amigos de terroristas?", le dijo.
Así las cosas, es la renovación de los consejeros del Consejo de Administración de RTVE el extremo más difícilmente desatascable entre ambos partidos. "Otra galaxia", dicen en el PP. ¿El motivo aducido en Génova? La presencia de Concepción Cascajosa, presidenta interina de la corporación pública, conocida por estar afiliada al PSOE hasta el pasado 27 de marzo. "Nosotros entendemos que lo que está ocurriendo en TVE es ilegal, además de amoral, porque se han roto todas las reglas en el ente público", dijo Feijóo el pasado miércoles en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta. "Lo está presidiendo una persona de manera ilegal. No vamos a blanquear ilegalidades", aseguró.
