El PP cree que el Gobierno quiere que todo el caso Koldo se focalice en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. La auditoría elaborada por Óscar Puente pone en el disparadero al extitular de Transportes al tiempo que desvía el foco de otros Ministerios y gobiernos autonómicos (Baleares y Canarias) que también contrataron a Soluciones de gestión para traer mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Según ha podido saber en exclusiva Vozpópuli, el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas en las que denuncia el doble rasero del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que realiza una auditoría en Transportes y no en Sanidad, que incluyó a Soluciones en el megacontrato sanitario y que está siendo investigado por la Fiscalía Europea por diversos contratos a dedo en lo peor de la pandemia.
La auditoría de Puente sirve como "cortina de humo" -como apuntan en Génova- ante un presunto caso de corrupción que salpica a muchas más instancias gubernamentales. El escrito firmado por diputados del PP como Pedro Navarro, Ana Belén Vázquez y Elvira Velasco, entre otros, empieza con una pregunta directa: "¿Cuáles son los motivos por los que no se va a realizar una auditoría en los Ministerios de Sanidad o Interior, responsables de la gran mayoría de compras en el período afectado por el Covid19?".
El Ministerio del Interior gastó más de tres millones de euros en mascarillas de Soluciones de gestión, mientras que el Ministerio de Sanidad, tras reunión del secretario general con Koldo García, incluyó a la UTE de Ferrovial con Soluciones de gestión en el megacontrato sanitario, aunque ninguna comunidad autónoma les llegó a comprar al contar con mejores ofertas en el mercado.
El PP pide a Mónica García que investigue
El listado de desaguisados contractuales del Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa es extenso; adjudicación de 3,3 millones de euros para traer 144 respiradores de ventilación mecánica invasiva a una fábrica de yesos de la que no llegó ninguno; 5,7 millones de euros pagados a una empresa de ropa de Barcelona para traer 52 millones de guantes (tampoco llegaron nunca); adjudicación de 8,7 millones a Hong Jin Medical Science and Technology Service por traer 100 millones de guantes que costaron un 177% más por unidad que lo que ofrecían en aquel momento empresas españolas (a 3 céntimos la unidad)....
Una larga lista que dejó un agujero en las cuentas del Ministerio de Sanidad de 9,2 millones de euros, como adelantó este periódico.
En estas circunstancias, el PP pide a la ministra de Sanidad, Mónica García, que siga la línea de Óscar Puente y ponga en marcha el nuevo órgano anunciado por la de Sumar, su Observatorio contra la Corrupción Sanitaria: ¿Está previsto realizar algún informe sobre la compra de mascarillas desde el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria que se ha creado en el Ministerio de Sanidad?".
Armengol y Víctor Torres, los protegidos
De la misma forma que con Illa, el PP considera que el Gobierno de Sánchez está protegiendo a los expresidentes de Baleares y Canarias. "¿Qué diferencia existe entre los comportamientos descritos en la auditoría realizada en el Ministerio de Transportes y los conocidos en los Ministerios de Interior, Sanidad o los gobiernos autonómicos de las Islas Baleares y Canarias dirigidos por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres?", reza otra de las preguntas de los populares.
Cabe recordar que el gobierno de Armengol pagó 3,7 millones por las mascarillas FFP2 de Soluciones de gestión, un producto que demostró ser defectuoso. El Gobierno balear guardó en un almacén las mascarillas y no reclamó la devolución del pago hasta tres años después, coincidiendo con la convocatoria de elecciones autonómicas. Además, recomendó la contratación de Soluciones a sabiendas de que las mascarillas eran defectuosas (no cumplían con los requisitos para ser FFP2).
Por otra parte, el Gobierno canario adelantó 6,8 millones a Soluciones por 2,75 millones de mascarillas FFP2. Tras descubrirse que no cumplían con estas condiciones técnicas, la empresa rebajó el precio al Gobierno de Víctor Torres, que aún así pagó un 560% más de lo que en aquel momento costaban en el mercado las mascarillas quirúrgicas.
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