El Gobierno tendrá en breve un quebradero de cabeza menos. La Mesa del Congreso aceptará, con los votos de PP y Ciudadanos, el veto de Moncloa a una iniciativa diseñada por la izquierda y los nacionalistas para forzar una subida de las pensiones del 1’2% en 2017. La proposición de ley fue registrada el 13 de octubre por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDECat, pero Moncloa presentó a las pocas semanas un escrito para tumbarla. El Gabinete de Mariano Rajoy solicitó la paralización de la PL haciendo uso de la prerrogativa constitucional que le reconoce capacidad para enterrar iniciativas que alteren el Presupuesto. En total, son 17 las veces que Rajoy ha hecho uso de ella esta legislatura.
Sin embargo, la Mesa de la Cámara baja está discutiendo esos vetos. Dos de ellos, sobre iniciativas para paralizar la LOMCE y mejorar las condiciones de trabajadores subcontratados, fueron levantados hace semanas y ambas medidas están ya en tramitación contra el criterio de Moncloa, que mostró su disposición a plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Y es que entiende que sus vetos no pueden ser rebatidos y mucho menos tumbados.
La oposición defiende lo contrario, en el caso de PSOE y Unidos Podemos con gran espíritu combativo. Ciudadanos es partidario de observar el informe que los letrados de la Cámara elaboraron sobre el asunto y que defiende la potestad del Gobierno de vetar iniciativas legislativas, salvo cuando se haga de un modo manifiestamente arbitrario. Esto ocurrió, a juicio de C's, con las citadas PL's de educación y política laboral, pero no con la de las pensiones. El Ejecutivo cifró en 1.150 millones el impacto económico de la propuesta.
Los socialistas ya trataron en vano de levantar el veto sobre ella hace dos semanas, pero PP y Ciudadanos hicieron valer su mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara baja y aplazaron la decisión pidiendo información adicional a Moncloa. El Gobierno obtuvo así una primera victoria muy importante en este tema, porque la proposición habla de subir las pensiones a partir del 1 de enero y ya sería imposible debatir nada sobre ella antes de ese día. De hecho, cuando se haga será efectiva la subida del 0'25% decretada por el Ejecutivo.
Fuentes parlamentarias aseguran en cualquier caso que la iniciativa de izquierda y nacionalistas podría aplicarse con efecto retroactivo y que en último término podría ser enmendada en la tramitación para cambiar las fechas. Peor arreglo tendría otra circunstancia: la medida afectaría al Presupuesto de 2017, prorrogado y en vigor al haberse iniciado el siguiente ejercicio presupuestario. Así, el Gobierno vería reforzada su posición, ya que el argumento clave que esgrimía el PSOE para pedir el levantamiento del veto es que la medida afectaba a cuentas futuras, no a las vigentes, y por eso Moncloa no podía tumbarla.
C's tiene la llave
Este hecho acaba de convencer a Ciudadanos de que el veto está “debidamente justificado” y el Congreso no puede levantarlo. Fuentes de la formación naranja indican que mantendrán este criterio a lo largo de toda la legislatura: discutir solo los vetos “arbitrarios”, que afecten a medidas sin coste económico sobre el Presupuesto en vigor. Otra cosa, apuntan, “no es posible y quien defienda lo contrario no se ha leído la Constitución o pretende escenificar cara a la galería”. Eso les llevará a admitir el veto a la subida de las pensiones cuando se debata, previsiblemente a lo largo del mes de enero, como ya admitieron esta semana otro contra la supresión de tasas judiciales: “No son decisiones políticas, es seguir la ley”.
Sin embargo, PSOE y Unidos Podemos están decididos a hacer de este asunto caballo de batalla. El partido de Pablo Iglesias es partidario incluso de aprobar en la Mesa un criterio único para atar las manos al Gobierno y evitar que todas las semanas se dé el mismo debate, a causa de unas iniciativas o de otras. Por eso se abstuvieron cuando PP y C's pidieron al Gobierno más información sobre el veto a subir las pensiones, decisión muy criticada por el PSOE. Iglesias quiere combatir más duramente a un Rajoy que explotará el recurso del veto, como ya dejó claro en una sesión de control al afirmar que solo aplicará lo que sea “obligatorio” de cuantas iniciativas partan del Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular, por su parte, explica que “no es discutible” la capacidad de Moncloa de paralizar medidas que afecten a las cuentas públicas. Fuentes internas indican que este fue uno de los asuntos que Rajoy abordó el miércoles, en la reunión que mantuvo con la dirección del grupo. Aunque no dio plazos, dejó la sensación de que su Gobierno acudirá en breve al Constitucional "por principio", para defender una prerrogativa que cree que no puede ser cuestionada.
Mientras el conflicto se dirime, el PP seguirá criticando "que se debata y se vote" sobre qué hacer con unos vetos u otros, como viene ocurriendo en las últimas reuniones de la Mesa, pero manifestándose a favor de los intereses del Ejecutivo. Con PSOE y Unidos Podemos claramente en contra, Ciudadanos tendrá siempre la llave. El criterio técnico que ha decidido seguir le llevará en unas ocasiones a votar con la oposición y en otras a hacerlo con el partido en el Gobierno. Una situación condenada a repetirse esta legislatura en todos los escenarios.
