La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es el gran quebradero de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no el único. Independientemente de que los separatistas catalanes permitan o no aprobar las cuentas de 2019, el Ejecutivo socialista deberá reajustar los números si quiere cuadrar los ingresos previstos por el departamento que dirige María Jesús Montero, pues PP y Ciudadanos se muestran dispuestos a ralentizar la aprobación de dos de los impuestos estrella del Ejecutivo socialista.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado enero el anteproyecto de Ley para implantar una tasa de Servicios Digitales (popularmente conocida como 'tasa Google'), que gravará con un 3% a los ingresos generados por las grandes tecnológicas del mundo digital y con la que el Gobierno pretende recaudar 1.200 millones. También dio luz verde a otro sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, que según los cálculos del Gobierno podría aportar 850 millones de euros a las arcas públicas.
Una vez que ambas normas han sido remitidas a las Cortes, debe iniciarse el trámite parlamentario en la Comisión de Hacienda. Y Pablo Casado y Albert Rivera vuelven a tener la sartén por el mango en el manejo de los tiempos parlamentarios. Al igual que han hecho a lo largo de la legislatura con muchas otras normas o con el propio cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para anular el veto del Senado al déficit, naranjas y populares pueden usar su mayoría en la Mesa de la Cámara Baja para aprobar continuas ampliaciones del período de enmiendas, bloqueando a su antojo el trámite de las iniciativas.
"Por nuestra parte no lo va a tener fácil", apuntan fuentes populares del Congreso consultadas por este diario respecto a la denominada 'tasa Google', cuya capacidad recaudatoria ha sido cuestionada incluso por la propia Comisión Europea el pasado 28 de enero. Los de Casado dicen que su postura "es clara en contra de la creación de nuevos impuestos". A la espera de estudiar a fondo la iniciativa, aseguran que harán todo lo "legalmente posible" para evitar que prospere. Los populares ya tenían un borrador sobre el proyecto de ley de este impuesto durante el último mandato de Mariano Rajoy.
Pero ahora, el Gobierno español ha decidido impulsar en solitario y sin el consenso de los socios comunitarios este nuevo tributo sobre cuyo diseño penden muchas dudas legales. A este argumento se agarran en Ciudadanos, donde evitan pronunciarse en contra de la medida. Fuentes parlamentarias de la formación naranja inciden en que se trata de una norma de tal complejidad que será necesario "escuchar a muchos expertos" antes de que pueda ver la luz.
Un trámite que podría retrasar la entrada en vigor -en el mejor de los casos- hasta el segundo semestre del año y siempre que pueda sumar un eventual apoyo del PDeCAT o el PNV. Un extremo que, según los populares, refuerza el argumento de que las cuentas de Sánchez están elaboradas con cifras "infladas" de ingresos. La Comisión Europa estima que este tipo de tributo puede generar unos 4.800 millones de euros de ingresos para todo el conjunto de la Unión.
Las compañías tecnológicas, por su parte, se muestran completamente en contra de este impuesto. 15 directivos de empresas como Spotify o Booking, han hecho llegar recientemente una misiva a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y a sus homólogos en la UE para intentar frenar el avance de una iniciativa que amenazan con repercutir al consumidor y que, según defienden, podría dañar la competencia digital global de España.
También se dirigió por carta al Ejecutivo la patronal mundial de las tecnológicas, CCIA (Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones), formada entre otros por gigantes tecnológicos como el propio Google, Amazon, eBay, Intel, Samsung o Facebook. Como recogió Vozpópuli, la aprobación de esta tasa puede tener un impacto negativo en la economía por múltiples factores.
