El Congreso de los Diputados ha aprobado en el pleno de este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para acabar con la reforma de la norma reguladora del Tribunal Constitucional que el PP impulsó en 2015 para combatir el desafío secesionista. Una iniciativa que dotó al órgano de la capacidad de suspender a los cargos y funcionarios que se salten sus resoluciones y contra la que se han posicionado 176 de los 341 diputados presentes en la votación, correspondientes a PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas e independentistas. Los 165 de PP y C’s han votado en contra, quedándose en minoría.
El nacionalista vasco Mikel Legarda ha sido el encargado de defender la proposición, dirigida a revertir lo que considera “un paso más en el camino de judicializar procesos que son eminentemente políticos”. El PNV quiere volver a la situación previa, reconociendo que el TC pueda multar con entre 600 y 3.000 euros a quienes se salten sus directrices, pero sin poder suspender de sus funciones a cargos y gobernantes. Con el marco actual, en opinión de Legarda, se “altera el equilibrio y el juego constitucional de contrapesos” al dar demasiados poderes al citado órgano. El Gobierno vasco ya recurrió ante el TC la reforma, siendo derrotado en una sentencia reciente que para el PNV “no es óbice” para mantener que esa es una medida improcedente: “Lo jurídico es la forma, lo político es el fondo”.
Las fuerzas de izquierda y los nacionalismos periféricos se han mostrado en línea similar, si bien en el caso del PSOE se rechaza una segunda derivada de la propuesta: acabar con el recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas estatutarias. PP y Ciudadanos se han opuesto, criticando que fuerzas de ámbito estatal se presten a apoyar iniciativas de este tipo. Rechazada ha quedado, en cambio, otra PL del PDECat -antigua Convergència- muy similar y la que verdaderamente ha motivado el debate, ya que correspondía al PDECat y no al PNV el cupo de defender iniciativa legislativa en este pleno. El PSOE se ha acogido a aspectos formales para abstenerse -pedía derogar la reforma del PP, no alterarla- y guardar así cierta distancia con las veleidades del independentismo.
Asimismo, ha sido tomada en consideración una proposición del PSOE para modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores y “garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados” (con 176 'síes', 133 'noes' y la abstención de los 32 de Ciudadanos) . La medida está pensada para las camareras de hotel, colectivo que está en pie de guerra para lograr una mejora en su régimen. De culminarse el camino legislativo que ahora inicia el Congreso, se revertiría el primer punto de la reforma laboral de Rajoy, que la oposición se ha propuesto demoler por partes.
La Cámara baja ha validado también dos proposiciones no de ley, una del PP para impulsar un Estatuto Internacional para las Víctimas del Terrorismo y otra de Unidos Podemos de contenido similar a la PL del PSOE: “relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico”. Igualmente, han salido adelante tres mociones consecuencia de las interpelaciones al Gobierno protagonizadas la semana pasada por PSOE, C’s y Unidos Podemos. Versaban, respectivamente, sobre medidas contra la pobreza, impulso de la transición energética y política de asilo.
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