Génova y las comunidades autónomas gobernadas por el PP medirán los tiempos en su respuesta contra la Ley de Amnistía. Los recursos de inconstitucionalidad ya anunciados por todos los barones populares, por tanto, no se presentarán ante el Tribunal Constitucional "ya mismo", como dijo Isabel Díaz Ayuso el mismo 30 de mayo que se aprobó la norma en el Congreso de los Diputados. Según reconocen a Vozpópuli tanto fuentes de la dirección nacional como de diferentes comunidades autónomas gobernadas por el PP, hay que levantar el pie del acelerador. Y es que sólo después de que los jueces presenten cuestiones de inconstitucionalidad, el principal partido de la oposición iría con todo al Tribunal Constitucional.
Doce días después de su aprobación en el Congreso de los Diputados y un día después de ser sancionada por el Rey, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes la Ley de Amnistía. "Será ahora cuando arranque el análisis en profundidad", se emplazan fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. "Lo que urge no es un recurso nuestro, sino ver cómo van reaccionando los jueces y el Tribunal Supremo. Ahora será cuando empiece el combate institucional y político", añaden, cautelosos, pero también conscientes de la importancia que puede tener la respuesta de sus 11 comunidades autónomas –la jurisprudencia del TC impide a Ceuta y Melilla presentar recursos de inconstitucionalidad– en sintonía con otros agentes contrarios a la norma.
Porque, para muestra, un botón. El de este miércoles por la mañana, pocas horas después de la publicación de la amnistía en el BOE. El fiscal general del Estado volvió a chocar de bruces contra los cuatro fiscales del procès, que mantendrán su criterio y no acatarán el de Álvaro García Ortiz, firmemente decidido a incluir la malversación en la amnistía. En contra de ello, los cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo presentarán este miércoles sendos informes. En Génova se encomiendan a esa dificultad manifiesta para aplicar la ley en contra todos los resortes del Estado.
El equipo jurídico del PP, además, lleva meses trabajando en un recurso que hará antología de todos los informes contrarios presentados, desde el emitido por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso al que presentaron los letrados del Senado –y que hablaba directamente de "reforma constitucional encubierta"– o el publicado por el Consejo General del Poder Judicial. No obstante, las abogacías y asesorías jurídicas de las comunidades autónomas también echan humo. Y es que es ahí, en su poder territorial, donde recalan gran parte de las esperanzas de Génova para frenar la ley.
El PP prepara un recurso que presentará ante el TC a través de, al menos, 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Pero el resto de las comunidades autónomas lo harán de forma independiente. ¿El gran objetivo? Demostrar la vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y cómo la Ley de Amnistía viola la separación de poderes. Además, en el partido también esperarán a conocer las cuestiones prejudiciales de los jueces ante el TJUE.
Sin debate en el Comité Ejecutivo Nacional
Era un día festivo y, simplemente, el tema no se trató en la sala. No hacía falta: todos se habían pronunciado públicamente. El presidente valenciano, Carlos Mazón, de hecho, afirmó el mismo día de su aprobación en el Congreso que la Abogacía de la Generalitat ya tenía preparado el recurso que presentarán ante el Tribunal Constitucional. El presidente andaluz, Juanma Moreno, habló de "clarísima ruptura del principio de igualdad". De "atropello a la Constitución" su homólogo castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco. Fue la madrileña quien adelantó que la estrategia sería "coordinada".