El grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el equipo de Gobierno de Manuela Carmena por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
El portavoz del PP en el ayuntamiento madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado en una rueda de prensa que la denuncia de su grupo, anunciada desde hace varias semanas, obedece a una supuesta red clientelar "tejida" desde 2015 en la capital por el equipo de Gobierno local.
Según Martínez-Almeida, la denuncia ha sido presentada después que el PP haya investigado de forma exhaustiva los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Madrid, pese a su "obstruccionismo" y trabas, y tras llegar el PP a la conclusión de que se podrían estar "cometiendo eventualmente" dichos delitos.
"No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales", ha dicho el portavoz popular, quien ha destacado que el ayuntamiento le ha denegado "sistemáticamente" a su grupo la entrega de documentación solicitada y que aquella que sí ha sido aportada ha llegado "fragmentada", además de haber denegado una comisión de investigación.
El PP denuncia ante la Fiscalía que desde 2015, con la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid, "se han multiplicado notablemente las contrataciones, subvenciones y convenios" con "entidades participadas por miembros de la estructura del partido político Podemos, Ahora Madrid y sus denominadas confluencias".
"No es una denuncia a vuelapluma, no es una denuncia ligera sino que está fundada", ha dicho el portavoz, según el cual el PP aporta a la Fiscalía doce anexos referidos a las personas presuntamente implicadas, a contratos subvenciones, convenios, convalidaciones, reconocimientos extraoficiales de créditos o contratos menores.
Según el PP, "hay indicios evidentes de que las empresas asociadas a la red clientelar son en realidad un instrumento de contratación de afines".
El PP considera que numerosas empresas y cooperativas "favorecidas" por la red clientelar pertenecen a la asociación Red de Economía Alternativa y solidaria (REAS), que han sido beneficiadas -dice- con "al menos 20 millones de euros en menos de tres años".
Las cooperativas más frecuentemente contratadas por el ayuntamiento, a juicio del PP, son el grupo Tangente, perteneciente a REAS, Dinamia, Trama, Kinema, y otras entidades no integradas en REAS que han recibido 4,3 millones de euros.
Según el PP, en las contrataciones la red clientelar del ayuntamiento vulnera "claramente" el principio de libre concurrencia por no responder a la exigencias de ofrecer igualdad de trato y no discriminación, y por no aumentar el número de ofertas o licitadores para tener al alcance mayor número de soluciones posibles.
Dice además el PP que "numerosos cargos municipales han formado parte, han fundado o han trabajado en alguna de estas cooperativas" que, además, sirven "para dar trabajo a los militantes de Podemos y diversas confluencias".
Entre una treintena de personas supuestamente implicadas, el PP cita al responsable de Políticas Económicas del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, y a los concejales Guillermo Zapata, Pablo Carmona, Celia Mayer, al delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, y a Romy Arce.
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