Fue Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, inspector de Hacienda, consejero del ramo en el primer gabinete de Juanma Moreno en Andalucía y un hombre atiborrado de datos, si bien didáctico, el dirigente popular que atajó este lunes, a primera hora, la intención anunciada por Pedro Sánchez de diseñar una "financiación singular" para Cataluña. Un deseo reavivado enérgicamente por ERC hace pocos días que el presidente del Gobierno, en el marco de la negociación para hacer president de la Generalitat a Salvador Illa, como el genio de la lámpara, ha tardado instantes en (intentar) conceder. "Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña", dijo el presidente del Gobierno en su entrevista dominical en La Vanguardia.
Bravo calificó la voluntad de Sánchez como un acto de "corrupción política" por estar cimentada, inherentemente, en "una compra de votos para seguir siendo presidente". El máximo responsable económico de Génova, en una entrevista matinal en la COPE, sacó a la palestra un "documento interno" que forma parte del plan del PP para renegociar una nueva financiación autonómica.
Y el primer concepto que afloró fue el de esa multilateralidad también nombrada por Sánchez para, a continuación, ser desmultilateralizada. Como en la Declaración de Santiago que, con 35 puntos, fue rubricada en noviembre de 2021 por los entonces presidentes populares de Galicia, Castilla y León y Murcia; los socialistas de Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Aragón –estas cuatro últimas, ahora en manos del PP– y por el entonces presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla.
También fue la primera idea que subrayó este lunes desde Bruselas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anfitrión en aquella entente transversal todavía reivindicada. "No existe esa posibilidad. No creo que ni siquiera haya un presidente socialista de una comunidad que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponde en beneficio de una comunidad autónoma", apeló el líder del PP, implícitamente, a Adrián Barbón (Asturias) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), presentes en aquella reunión saldada con una foto de ocho presidentes autonómicos frente a la Catedral de Santiago aún con mascarillas.
"Para poder desconectarse más fácil"
Bravo apostó por convocar una Conferencia de Presidentes "como hizo Rajoy en 2017", regir toda negociación a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la creación de un fondo transitorio y un comité de expertos nombrados por las comunidades autónomas y un análisis de los fondos existentes. "Lo que se haga para una comunidad autónoma debe reproducirse para el resto", zanjó sobre un sistema que, dijo, debía estar basado en la igualdad, la solidaridad y la colaboración entre comunidades autónomas.
Pero, antes, apeló a los datos. Un momento en el que fue muy crítico tanto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como con Salvador Illa. Bravo acusó a la ministra de buscar la "confrontación absoluta" entre regiones y de haber sido incapaz de cumplir su promesa de reformar el modelo de financiación. Al primer secretario del PSC, por su parte, le achacó "un grave desconocimiento del sistema fiscal de este país". ¿El motivo? El artículo 31 de la Constitución, ese que consagra la redistribución de la renta según los principios de igualdad y progresividad.
"Madrid recaudó para el sistema común 26.000 millones en 2021 y recibió 6.000 millones de menos", recordó Bravo. "¿Ha oído alguna vez a la presidenta de la Comunidad de Madrid quejarse de ello?", lanzó el exconsejero de Hacienda andaluz, en contraste con la actitud mostrada por Illa. Bravo recordó que Cataluña aportó en ese mismo ejercicio 25.000 millones de euros y que recibió 22.800 millones. Es decir, "que la aportación de Cataluña es solo de 2.000 millones de euros". "El sistema de financiación es el que decidieron los catalanes con el PSOE en el año 2009 con el 51% solamente de los votos", realzó. "Aznar, en el año 2002, con el 93%", apeló al penúltimo modelo. Una cifra que, dijo, es a la que aspira la actual dirección del PP si Feijóo es presidente. Porque, reconoció, "desde la oposición es complicado".
Bravo también hizo una lectura de fondo: cuál sería la intención del independentismo catalán ante una eventual condonación de la deuda. "A ver si aquellos que piden la condonación de la deuda van a estar pensando en ese referéndum y esa desconexión y tener una menor dependencia de España para poder desconectarse más fácil", argumentó.
Eso sí, el vicesecretario económico del PP dijo que si los territorios "hablan de la condonación, estudiaremos". Algo frontalmente criticado por expresidente del Gobierno José María Aznar un par de horas después, en una conferencia de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), el think tank ligado al PP que dirige. El exlíder popular aseguró que no haría sino ahonda en "desmontaje constitucional" que pretende el independentismo catalán.