Un total de 28 de los 48 diputados del PP de la Asamblea de Madrid han abandonado el escaño por diversas causas, entre las que destaca haber sido nombrado alto cargo, estar inmerso en algún procedimiento judicial, no querer presentar la declaración de bienes e incluso haber sido pillado con una tasa de alcohol prohibida.
Esta cifra es un récord, ya que en las anteriores legislaturas sólo lo hicieron 15 en la de 2011-2015 y 21 en la que acabó en el 2011. Entre los 21 del año 2011 estaban tres de los primeros imputados en la trama ‘Gürtel’.
Hasta hace unos años, cuando el elevado número de escaños lo permitía, los altos cargos mantenían su condición de parlamentario. Cuando bajaron los votos, el propio PP obligaba a elegir entre el puesto en la Administración y el de diputado.
La número uno Cristina Cifuentes ha sido la última en abandonar y será sustituida por Federico Jiménez de Parga, que ya fue parlamentario en la anterior legislatura.
Dos diputados han abandonado por estar imputados en procedimientos judiciales, lo que suponía su expulsión inmediata para evitar que se rompiera el pacto con Ciudadanos.
Recolocado en la Rey Juan Carlos
El puesto número 42 de la lista lo ocupaba Daniel Ortiz. El juez Eloy Velasco lo imputó por interceder, presuntamente, para que se adjudicara en Móstoles (donde era alcalde) a la empresa Cofely un contrato de suministro de luz por valor de 73 millones de euros.
Ortiz negó los hechos y por un momento se pensó que no iba a dimitir. Finalmente lo hizo en julio de 2016 de su cargo de concejal en Móstoles y de diputado. El catedrático Pablo Chico de la Cámara, que presuntamente ordenó el cambio de nota de Cristina Cifuentes, le recolocó en la Universidad Rey Juan Carlos donde ya había ejercido de profesor.
María Josefa Aguado del Olmo ocupaba el puesto 32 de la lista del PP y dimitió, sin resistencia, el 25 de mayo de 2017. Lo hizo tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le investigaba por el fraccionamiento de unas facturas en las X Olimpiadas Escolares del año 2007 en Arganda, que organizó una empresa que estaba vinculada con la trama Gürtel.
Ballarín puso en peligro el pacto de legislatura con Ciudadanos, que exigía su dimisión
Miguel Ángel Ruiz López, que era el 41 de la lista, era vice consejero de Medio Ambiente y ya había dimitido cuando fue imputado por el ‘caso Púnica’.
El número 7, Álvaro Ballarín, abandonó el puesto tras ser nombrado vice consejero de Cultura. Estaba imputado por prevaricación, falsedad en documento público y desobediencia por el asunto de un aparcamiento en su época de concejal y se lo ocultó a la presidenta. Finalmente, la empresa retiró la denuncia y la Fiscalía reclamó el archivo del caso. Este hecho puso en peligro el pacto de legislatura, pues Ciudadanos exigía su dimisión en caso de que continuara acusado.
El número 10 Juan Soler fue alcalde de Getafe. Un informe policial le ha vinculado al llamado ‘caso Teatro’ la adjudicación para construir un teatro a una empresa en la que participaba un conocido arquitecto. Soler lo ha negado y el caso continúa su trámite judicial.
El diputado número 11 Bartolomé González fue alcalde de Alcalá. Un juzgado solicitó hace algunas semanas a la Asamblea que certificara su condición de aforado tras aparecer en la investigación de la llamada ‘operación Flauta’.
En este asunto se investiga la compra de 500 kilos de caramelos por valor de 12.000 euros para la cabalgata de Reyes a una empresa con vinculaciones familiares del exalcalde. González lo ha negado y ha dicho que no le han llamado a declarar ni por este, ni por otro caso en el que también apareció su nombre.
Borja Sarasola fue señalado como el que trajo a Alejandro de Pedro, conseguidor de Púnica, a la CAM
Borja Sarasola. Era el 12 de la lista. Hombre de confianza de Ignacio González abandonó el puesto para dedicarse a la actividad privada. Había sido citado por un juez del caso Púnica como imputado, pero al ser elegido retiró la citación para seguir otros trámites legales.
Isabel Gallego, la responsable de Prensa de Esperanza Aguirre, señaló a Sarasola como la persona que había llevado a la Comunidad de Madrid a Alejandro de Pedro, uno de los detenidos por la ‘Púnica’.
El número 14 era José Ignacio Echeverría, que fue presidente de la Cámara. Dimitió tras tener un accidente en la A6 y triplicar la tasa de alcoholemia.
La diputada número 15 Elena González-Moñux estuvo varios meses de baja por enfermedad, lo que puso en peligro varias leyes populares. Denunció por acoso laboral al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, aunque finalmente declinó la denuncia. Renunció al acta y fue nombrada directora de una fundación de la Comunidad de Madrid.
Fundaciones públicas
La diputada Eva Tormo (20 de la lista) renunció al ser nombrada responsable de la Fundación Canal, que ofrece numerosas actividades culturales.
Isabel Ayuso (23) fue designada viceconsejera y dejó su escaño para formar parte del Gobierno de Cifuentes.
Luis Peral Guerra era el número 24 y abandonó por razones personales la Asamblea. No estaba conforme con la línea que estaba tomando el partido.
El número 25 José Enrique Núñez fue nombrado director general de Seguridad y posteriormente de Bomberos.
El puesto 28 lo ocupaba Manuel Francisco Quintanar, que es secretario general del Gobierno de la Comunidad y por lo tanto tuvo que renunciar a su acta.
María Inés Berrio, que estaba el número 30 en la lista popular, renunció al ser nombrada gerente del 112. Su compañero Diego Lozano abandonó para ir a trabajar a una empresa municipal en Las Rozas.
Fichados por consultoras
El 43 de la lista del PP era Jacobo Beltrán, que era portavoz de Sanidad. Renunció el año 2016 a su acta al ser fichado por la consultora internacional Grant Thornton.
La número 45 María Cristina Álvarez fue nombrada vice consejera de Educación y por lo tanto tuvo que dimitir como diputada.
El número 46 Antonio González Terol es alcalde de Boadilla del Monte y diputado en el Congreso, incompatible, en estos nuevos tiempos, con el cargo de diputado.
José Tortosa, el número 47 de la lista, fue director general del Suelo y presentó la renuncia para dedicarse a este puesto en el Gobierno regional.
José Cabrera Orellana era el número 48 de la lista y se fue cuando el grupo le obligó, dentro de la nueva época de transparencia, a presentar su declaración de bienes.
Hay otros dos diputados con amenazas judiciales. Uno de ellos es Jaime González Taboada, que era el número tres de la lista y que continúa en el Parlamento regional y en el Senado.
David Marjaliza, uno de los detenidos en el ‘caso Púnica’, le acusó de estar implicado en la red de comisiones que creó junto a Francisco Granados. No ha sido llamado a declarar.
El segundo es Jesús Gómez. Su nombre aparece en Púnica por sus relaciones con un periódico local. El grupo ULEG de Leganés ha enviado a la Fiscalía una denuncia contra el ex alcalde de Leganés.
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