Una proposición de ley, una memoria económica. El PP pretende que esa máxima guíe el trabajo de los grupos parlamentarios en el Congreso y evitar así que proliferen iniciativas legislativas que no cuantifiquen su impacto presupuestario. Una medida que busca atajar el conflicto surgido entre el Parlamento y el Gobierno a cuenta de las denominadas ‘leyes de la oposición’, normas que se impulsan en la Cámara baja sin el visto bueno del Ejecutivo y que éste veta -o intenta vetar- por entender que afectan a las cuentas públicas en vigor. El enfrentamiento ha llevado a Moncloa a cursar 17 vetos en lo que va de legislatura, dos de los cuales fueron levantados por la Mesa del Congreso en una decisión sin precedentes que puede acabar con ambos poderes enfrentados ante el Tribunal Constitucional.
En esa tesitura, el Grupo Popular propone una reforma del reglamento de la Cámara baja que obligue a detallar el impacto, en términos de aumento del gasto o disminución de los ingresos, que esas medidas tendrían en caso de resultar aprobadas. Los promotores de la ley deberían adjuntar una memoria económica con esos datos a la hora de registrar su proposición, de modo que el debate sobre su pertinencia estaría menos viciado y dispondría de más elementos de juicio, a tenor del PP.
Actualmente, el reglamento solo exige acompañar las propuestas “de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas” (artículo 124). El PP quiere cambiar ese punto, informan fuentes del grupo, para que el texto se asemeje a lo que establece el reglamento del Senado en su artículo 108: “Las proposiciones de ley que se deban a la iniciativa de los senadores deberán ser formuladas en texto articulado, acompañado de una exposición justificativa y, en su caso, de una memoria en la que se evalúe su coste económico”. La Cámara alta sí emplaza a cuantificar el impacto de las propuestas cuando requieran de dotación presupuestaria para ser desarrolladas.
Una salida al conflicto
Con la reforma, los populares creen que el conflicto entre poderes se atenuaría, puesto que los grupos evitarían impulsar medidas gravosas cuya aprobación se vislumbraría muy difícil desde el principio. “Ahora hay un problema de irresponsabilidad con las proposiciones de ley: se presentan alegremente, sin decir lo que cuestan y de dónde hay que sacar el dinero para financiarlas”, indican desde el Grupo Popular. Y el Gobierno, que sería el encargado de ejecutarlas si resultan aprobadas, “se ve obligado a vetar” las que afectarían a los gastos o a los ingresos.
El Tribunal Constitucional le faculta a ello, pero la oposición cree que Moncloa se ha extralimitado en el uso de esta prerrogativa. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se unieron para levantar los vetos a sendas iniciativas socialistas que buscaban paralizar la LOMCE y mejorar las condiciones de trabajadores subcontratados. Entendieron que no afectan al Presupuesto en vigor, pese a los informes que el Gobierno elaboró argumentando lo contrario, y continuaron adelante con la tramitación.
El Gabinete de Mariano Rajoy respondió presentando un escrito de reconsideración para que la Mesa rectificara, petición que fue desatendida y que ya solo deja al Ejecutivo una vía si quiere defender hasta el final su derecho a vetar iniciativas del Congreso: plantear un conflicto de atribuciones ante el TC. De momento no lo ha hecho, aunque aún está a tiempo.
De modo que ahora mismo existe una discrepancia de fondo entre los dos poderes, con el Gobierno defendiendo que su derecho de veto no puede ser discutido ni mucho menos rectificado y con la oposición asegurando que levantará los vetos siempre que los considere arbitrarios. El PSOE intentó en diciembre tumbar uno más, sobre la propuesta que presentó junto a otros grupos para forzar una subida de las pensiones del 1’25%, pero entonces Unidos Podemos y Ciudadanos no le apoyaron.
Los de Pablo Iglesias, porque demandaban una resolución final que reconociera el derecho del Congreso a levantar vetos del Gobierno y no debatir medida a medida cada semana; los de Albert Rivera, porque entendían que lo que procedía era pedir más información a Moncloa sobre el veto y no tumbarlo de inmediato. Idéntico debate podría reeditarse en cada reunión de la Mesa de la Cámara baja esta legislatura mientras los grupos no acuerden un criterio común.
El PP pretende que éste se abra paso a través de la mencionada reforma del reglamento, que requeriría del apoyo de otros partidos para salir adelante. Lo planteará una vez se abra el melón de los cambios en ese texto, cosa para la que de momento no hay fecha prevista y que debería abordar otros asuntos pendientes, como la regulación de las relaciones con los lobbies. Este punto lleva años en el candelero, sin que los grupos hayan sido capaces de consensuar un protocolo al respecto.
Además, el pacto de investidura firmado por PP y Ciudadanos contempla reformar el reglamento del Congreso con otros dos objetivos: “facilitar mejores mecanismos de participación con la finalidad de que los ciudadanos puedan sentirse más representados e implicados en la gestión de los asuntos públicos” y rebajar las condiciones para impulsar comisiones de investigación.
Hasta que esa reforma emerja, el Grupo Popular "invita a la reflexión a todos los partidos" para que acompañen sus propuestas legislativas de un memorándum económico que, "además de facilitar la tramitación y el debate público sobre ellas, contribuiría a mejorar la transparencia de las instituciones".
