El expresidente de la Generalitat Artur Mas admitió este martes en su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que, durante año y medio antes del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014, un enviado suyo se entrevistó en secreto varias veces con un "representante" del Gobierno y otro del PSOE sin llegar a resultado alguno porque estos últimos no aceptaron la exigencia de reconocimiento de la soberanía de Cataluña.
El histórico dirigente democristiano de la extinta UDC Joan Rigol , presidente del denominado "Pacto Nacional por el derecho a decidir", fue el enviado de Mas a aquellas conversaciones; y se vió varias veces con Pedro Arriola, sociólogo de cabecera de Mariano Rajoy, y con José Enrique Serrano, que fue secretario general de la Presidencia del Gobierno tanto en la época de Felipe González como en la de José Luis Rodríguez Zapatero, y que en ese momento formaba parte del círculo de estricta confianza del entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El propio Rajoy reconocería que se habían producido hasta tres encuentros secretos en Madrid y Barcelona, según recuerdan a Vozpópuli diversas fuentes populares y socialistas, únicamente para desactivar la "bomba de relojería" que luego ha acabado siendo el proceso secesionista catalán. "En cuanto se vio que ellos no estaban dispuestos a ceder en su demanda de soberanía se puso punto final", añaden estas fuentes.
Solo un reducido grupo de personas era conocedor de los contactos a tres bandas para evitar la dinámica rupturista entre Cataluña y España que luego se ha impuesto
Por parte del Gobierno, solo el presidente del Gobierno y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, estaban en el secreto de aquellos contactos, y por parte socialista, aparte de Rubalcaba, la entonces vicesecretaria general, Elena Valenciano, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.
Tal grado de secretismo derivó en tensiones, sobre todo entre La Moncloa y el PP catalán, cuyos dirigentes se sintieron traicionados porque, mientras ellos atacaban duramente a CiU por la incipiente deriva independentista de Mas, por detrás el Ejecutivo intentaba ganarse al presidente de la Generalitat. Y es que Rajoy participaba de la creencia de que el líder de CiU nunca se atrevería a dar el paso de desafiar al Estado con aquel primer referéndum del 9N; fue una hipótesis que ni siquiera se planteaba la Moncloa.
Luego ya solo quedó la vía judicial. Artur Mas, a quien el magistrado Llarena ha dejado en libertad, fue condenado en marzo de 2017 a dos años de inhabilitación por desobedecer al Constitucional al convocar la consulta del 9-N en 2014. El Tribunal de Cuentas investiga su responsabilidad en el desvío de fondos para ese fin, por lo que ordenó el embargo provisional de sus inmuebles para hacer frente a una fianza de 5,2 millones de euros.
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