PP y PSOE tienen 'al dente' su pacto para renovar cuatro puestos del Tribunal Constitucional. Será previsiblemente el 7 de marzo cuando el Senado apruebe esos nombramientos, después de que se agotara en 2016 el mandato de la parte del órgano que designa la Cámara alta -otros cuatro miembros los elige el Congreso, dos más el Gobierno y otros dos el Consejo General del Poder Judicial-. Populares y socialistas copan más de tres quintas partes del Senado -mayoría que se exige para los nombramientos del TC-, por lo que pueden sacar adelante el trámite sin contar con nadie más. El acuerdo está prácticamente cerrado, informan fuentes parlamentarias y judiciales, y ha desatado críticas y malestar en el seno de los dos partidos tradicionales.
Y es que se ha articulado un entendimiento “a la vieja usanza”, como denunció este miércoles el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El “bipartidismo judicial” ha vuelto aflorar, explicó, y se ha elegido “en Génova y Ferraz a las personas que forman parte del Tribunal Constitucional”. Rivera llevó el asunto a la sesión de control al Gobierno, preguntando a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, si su Gabinete pretende modificar el sistema de nombramientos del TC para garantizar su independencia.
Santamaría respondió con una defensa del órgano, sin entrar al detalle ni cuestionar su autonomía, lo que llevó al presidente naranja a comparecer ante la prensa para criticar el pacto PP-PSOE y anunciar que Cs llevará la semana que viene una propuesta al Congreso para intentar reformar el sistema y “romper el vinculo político” que une al TC con los partidos.
En esa intervención, Rivera destapó las tensiones internas que el pacto ha desatado en filas populares y socialistas. “Me consta”, aseguró, que en el PSOE “no todo el mundo está de acuerdo” con lo alumbrado. “Me consta también que no todo el mundo en el Partido Popular quiere que el presidente del Tribunal Constitucional sea un exdiputado de su partido”, añadió.
Rivera asegura que le "consta" que "no hay unanimidad" en PP y PSOE respecto al pacto que ultiman sus cúpulas sobre el Constitucional
La trayectoria de Ollero
Rivera da por hecho que Andrés Ollero, que fue parlamentario del PP durante 17 años, sucederá a Francisco Pérez de los Cobos en la cúspide de la institución. O al menos eso pretenden las formaciones tradicionales, cosa que no gusta en facciones del partido de Mariano Rajoy, como denunció Cs y después pudo comprobar Vozpópuli. La contestación es mayor en el PSOE, donde muchos no comparten el pacto ni por principio -prefieren acabar con estas prácticas- ni por su contenido -consolidará la mayoría conservadora en el TC y podría dar la presidencia a Ollero, el magistrado más escorado-.
El sector del Grupo Socialista crítico con la gestora considera “improcedente” un pacto así y recuerda que el PSOE está actualmente sin dirección y “una gestora interina no debe tomar decisiones políticas, sino limitarse a llevar las tareas de administración” en el partido hasta que se celebre el congreso de junio. El equipo de Javier Fernández -y su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando- ya ha cerrado esta legislatura varios acuerdos con el PP -techo de gasto, subida de impuestos especiales, subida del salario mínimo, nuevo bono social, decreto sobre cláusulas suelo- y se dispone a culminar el de la renovación del TC en un momento clave.
El máximo intérprete de la Carta Magna tendrá un papel crucial los próximos meses por el desafío independentista catalán, cuya hoja de ruta acaba de ser suspendida y cuyos próximos pasos serán recurridos uno a uno ante el TC por el Gobierno de Rajoy. Esta circunstancia lleva a Ciudadanos a pedir que se ponga especial atención en garantizar su autonomía y no dar argumentos a quienes lo descalifican tildándolo de Tribunal “politizado”. El ascenso de Ollero a la presidencia sería “la munición soñada por Rufián”, indican desde la dirección del partido naranja.
Ciudadanos propone que los candidatos a magistrado del tribunal de garantías sean examinados por el Parlamento antes de ser elegidos
El mismo análisis hacen parlamentarios del PP catalán, que preferirían un arreglo “más fácil de vender”, según fuentes parlamentarias. A nivel oficial, el Grupo Popular afirma que el acuerdo no está cerrado y “lo ideal” sería alcanzar un consenso amplio, pero Ciudadanos y PNV han preferido quedar al margen de la negociación y Unidos Podemos nunca fue invitado a participar, como indicó a este diario su portavoz en el Senado, Ramón Espinar.
Fuentes del partido de Rivera apuntaron ayer que desde la bancada de PP y PSOE les han transmitido su malestar por el pacto y se han mostrado en sintonía con la reforma que plantean. Ciudadanos quiere cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para imponer un "control previo" en el Parlamento a los candidatos a magistrado. Unos "hearings", explicó Rivera, donde los diputados examinarían a los aspirantes y podrían censurarlos.
Además, la formación naranja aspira a cambiar la Carta Magna para ampliar el mandato de los miembros del TC y es partidaria de que se les exija 25 años de experiencia -y no 15- y se permita aplazar hasta los 75 años su jubilación. Todo ello trataron de incluirlo en el pacto de investidura con Rajoy, sin éxito.
Rivera considera prioritario que se deje de pensar en este órgano en términos de "asientos azules y rojos" y cree que las fisuras abiertas en PP y PSOE por este pacto abren una oportunidad para cambiar un "método ya obsoleto". "Uno comparte pasillos y conversaciones con diputados de diferentes partidos", abundó ayer, y le "consta" que su propuesta puede salir adelante porque "no hay unanimidad" en PP y PSOE a la hora de apostar por seguir con los mecanismos vigentes desde los años 80.
Cuatro décadas de reparto
Lo cierto es que hasta ahora los grandes partidos -principalmente PP y PSOE, aunque también los nacionalistas- se han repartido en cuotas los nombramientos de magistrados en el Tribunal Constitucional.
En las próximas semanas abandonarán el Alto Tribunal su presidente, Francisco Pérez de los Cobos -cuyo mandato expiró el 29 de diciembre-; la vicepresidenta, Adela Asúa; y el magistrado Ricardo Enríquez, quien opta a revalidar en el cargo puesto que aún no ha cumplido tres años como miembro del TC -entró a cubrir la vacante del fallecido Francisco José Hernando-. Además, debe cubrirse la plaza del difunto catedrático Luis Ortega, que continúa desierta desde 2015.
El Senado tiene que cubrir cuatro puestos del TC, entre ellos el que ocupa el actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos
De esas cuatro plazas, el Gobierno apuesta por la continuidad de Enríquez, quien tiene de plazo hasta el próximo 18 de marzo para optar a la reelección. En principio, el Senado votará el 7 de marzo la renovación de un tercio de tribunal de garantías, después de que el pasado viernes finalizase el plazo de presentación de candidatos por los Parlamentos autonómicos, paso previo del proceso.
Montoya y Balaguer
Junto a Enríquez, todo apunta a que la formación de Mariano Rajoy apoyará la candidatura de Alfredo Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo. Es amigo de Pérez de los Cobos, quien lo ha apoyado en el partido bajo el paraguas de que su perfil es necesario dentro del Constitucional.
Por otro lado, la candidata del Partido Socialista que en estos momentos tiene más posibilidades de ocupar plaza en el TC es la catedrática almeriense de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer, quien ha sido propuesta por el PSOE en las Cámaras de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias. También suena con fuerza el nombre del ex fiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, quien cuenta con el apoyo de pesos pesados entre los socialistas.
PP y PSOE han maniobrado para situar a sus favoritos entre los aspirantes propuestos por los Parlamentos autonómicos
Las fuentes consultadas explican que en esta ocasión las negociaciones con el PSOE -con la gestora encabezada por Fernández- están siendo llevadas a cabo en primera persona por el propio presidente del Gobierno.
Por otro lado, otra de las grandes dudas que vienen acompañadas de esta renovación es en quién recaerá la presidencia del Constitucional que actualmente se disputan dos magistrados: el ya mencionado exdiputado del PP, Andrés Ollero, y el magistrado Juan José González Rivas. De momento, fuentes conocedoras de la negociación sostienen que dicha decisión no se tomará hasta que se haya renovado el Constitucional. El Pleno del TC es quien tiene la última palabra en la elección de la cabeza visible de la institución.
