La sombra de la duda se cierne sobre el hermano de Pedro Sánchez, el músico David Azagra. Su patrimonio, superior a los 1,7 millones de euros, no se corresponde con sus emolumentos como alto cargo de la Diputación de Badajoz, donde fue contratado en 2017 poco después de que Pedro Sánchez volviera a ascender a la Secretaría General del Partido Socialista. Su situación fiscal también despierta notables interrogantes, ya que tributa en Portugal (Elvas) pese a trabajar en Badajoz. Tampoco está clara su condición de teletrabajador. Como desveló Vozpópuli a través de un correo electrónico entre funcionarios de la Diputación de Badajoz, el despacho de David Sánchez se montó al poco tiempo de estallar el escándalo sobre su patrimonio.
Son dudas razonables que la jueza de instrucción Beatriz Biedma trata de dilucidar con las diligencias puestas en marcha. Algunas de las cuales, como la incautación de los correos electrónicos, el hermano del presidente del Gobierno ha tratado de frenar, aunque se ha impuesto el criterio de la magistrada.
El Partido Popular teme que el Gobierno aplique en el caso del hermano de Sánchez la misma dinámica que en el caso de Begoña Gómez, haciendo uso de los poderes del Estado para defender a un familiar del presidente del Gobierno. Vozpópuli ha accedido en exclusiva a la proposición no de ley que el equipo de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno de Sánchez se comprometa a no indultar al hermano del presidente en caso de ser condenado.
En esta PNL, el PP insta al Ejecutivo a renunciar de manera explícita a "indultar a algún miembro del Gobierno o a cualquier persona de su entorno familiar ante una eventual condena por fraude fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otro delito contra la Hacienda Pública".
Cabe recordar que David Sánchez está siendo investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. En su exposición de motivos, los populares mencionan expresamente al hermano de Sánchez por haber cometido, presuntamente, varios ilícitos fiscales.
"A pesar de cobrar de la Diputación de Badajoz dice residir en Portugal, para no pagar impuestos en España; Es incapaz de justificar con sus ingresos un incremento patrimonial de varios millones de euros desde la pandemia; Hay indicios de relación con la trama PSOE de las mascarillas que, casualmente, operaba en el municipio portugués donde dice residir el hermano del presidente", señalan la propuesta firmada por Miguel Tellado, portavoz del PP en la Cámara Baja, y diputados como José Vicente Marí y Jaime de Olano.
Reforzar la Agencia Tributaria por el caso hermano de Sánchez
Fuentes de Génova señalan que este "pleno de presuntas irregularidades y fraude fiscal destapado por los medios de comunicación hace pensar que es necesario revistar y reforzar los controles que lleva a cabo la Agencia Tributaria para combatir estas prácticas fraudulentas".
Es por ello que en la propuesta donde solicitan el compromiso del Gobierno de no indultar a David Sánchez también piden que se adopte "cuantas medidas sean necesarias para que la Hacienda Pública recupere íntegramente las cantidades defraudadas".
Además, abogan por revisar las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2024 de la Dirección General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para "reforzar aún más las medidas para combatir el fraude fiscal". Especialmente en dos ámbitos que guardan íntima relación con el hermano de Sánchez:
- Quienes sitúan ficticiamente su residencia en otros territorios, señaladamente de baja tributación.
- Y aquellos contribuyentes cuyos signos externos de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o de información financiera sean incoherentes o inconsistentes con respecto a las rentas declaradas.
Comparecencia de María Jesús Montero
La batería de medidas que plantean los populares incluye la solicitud de comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El PP quiere "que explique qué medidas piensa adoptar para luchar contra el fraude fiscal de quienes trabajan para la administración pública española y, sin embargo, declaran residir en el extranjero para eludir el pago de impuestos".
Los indultos encubiertos de los ERE
En los últimos días hemos sido testigos de cómo la mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha anulado la condena de seis años de prisión por el caso de los ERE que el Tribunal Supremo confirmó para el expresidente socialista José Antonio Griñán; y también la condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación a la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, entre otros.
Decisiones por personas con una fuerte vinculación con el PSOE, como el exministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo, o Laura Díez, directora de gabinete del Ministerio de Presidencia del Gobierno del socialista. La admisión de los recursos de amparo de condenados por el caso de los ERE por parte del TC ha servido a los socialistas para armar una nueva dialéctica según la cual los responsables del desfalco de más de 600 millones de euros de dinero público fue en realidad un invento de la oposición.
Desde Génova temen que Sánchez acuda a maniobras similares con el caso de David Sánchez o el de Begoña Gómez. Motivo por el que buscarán un compromiso público de Moncloa ante de la Cámara de representantes de los españoles de que no se maniobrará para indultar a los familiares del presidente si resultan condenados.
