El Grupo Popular ha formalizado este viernes en el Tribunal Constitucional (TC) su recurso contra la comisión de investigación creada en el Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP por entender que al no delimitar el marco de trabajo se están "vulnerando derechos fundamentales" de los diputados.
En su recurso, el PP pide al alto tribunal que declare nulos los acuerdos parlamentarios de la Mesa del Congreso relativos a este órgano y los de la propia comisión, pero no finalmente incluye ninguna petición para que se paralicen los trabajos de la misma, que arrancaron el 26 de junio con la comparecencia del extesorero 'popular' Luis Bárcenas. También han acudido ya a la citada comisión otros extesoreros del PP como Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y la actual responsable de las cuentas, Carmen Navarro.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, dijo el pasado lunes -tras la reunión del comité de dirección del partido- que esta misma semana presentarían ese recurso porque la comisión de investigación se ha convertido en una "causa general" contra el PP porque no está delimitado el marco temporal ni el objeto de la misma.
"Esperamos y deseamos que el Tribunal Constitucional entre al fondo del asunto. Y, ya que los grupos no han querido, a pesar de que el PP lo ha pedido, que sea el alto tribunal el que decida los limites constitucionales de las comisiones de investigación para evitar esperpentos como se están produciendo en esta comisión o esperpentos como en la comisión sobre Jorge Fernández Díaz", afirmó.
Piden concreción
En su recurso, el PP asegura que trata de defender el derecho de los ocho millones de españoles a los que representa y que el partido pueda ejercer su derecho de representación en un plano de igualdad con el resto de grupos. "No investigar para ver si hay algo que averiguar o investigar, sino concretar qué se quiere investigar y no demonizar hasta investigar", recalca.
Según recuerda, tras acordar la composición y el régimen de adopción de acuerdos de la comisión, se preveía aprobar un plan de trabajo que incluiría las comparecencias que se considerasen oportunas. Así, los grupos podrían solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos desde el momento de su constitución.
Fernández Maíllo cree que la comisión de investigación se ha convertido en una "causa general" contra el PP
El PP presentó un escrito al presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, en el que formulaba una "cuestión de previo pronunciamiento al plan de trabajo" y en el que solicitaba que se recabara dictamen del letrado para que el objeto de este órgano quedara acotado temporal, institucional y materialmente. Y es que, a su juicio, resultaba "imposible" presentar un plan de trabajo coherente y formular las peticiones de documentos y comparecencias sin conocer el objeto específico de la comisión.
Los 'populares' consideran que la comisión de investigación "soslaya" el núcleo de la función representativa parlamentaria porque "la falta de concreción" del objeto de la misma impide presentar "cabalmente" una propuesta de plan de trabajo.
"Sin perturbaciones ilegítimas"
Los 'populares' aseguran que ésta es la razón por la que se vulnera el derecho al ejercicio de las funciones representativas sin restricciones ilegítimas fijadas en el artículo 23.1 de la Constitución en relación con el artículo 23.2, que garantiza el ejercicio de las funciones públicas "sin perturbaciones ilegítimas".
Explican al respecto que el TC ha declarado reiteradamente que integran ese núcleo las normas relativas no sólo a la función legislativa, sino a la función de control que incumbe a la Cámara. En este sentido, los recurrentes pretendían que la comisión concretara su propio objeto, previo informe de los letrados de la Cámara, como presupuesto para poder ejercer "cabalmente" sus funciones en la comisión y, en particular, la primera de ellas, la de presentar una propuesta de plan de trabajo.
Sin esa delimitación del objeto de la investigación, realizado previamente por acuerdo de la comisión, insiste el PP, resultaba imposible el correcto ejercicio de sus funciones por parte de sus representantes. "Por lo tanto -asevera el PP- es clara la vulneración del artículo 23.2 en relación con el artículo 23.1 de la Carta Magna en el sentido expuesto".
Por todo ello, el PP pide al TC que declare nulos los acuerdos parlamentarios de la Mesa del Congreso y de la mencionada comisión para "reestablecer el derecho fundamental al ejercicio sin restricciones indebidas de la función representativa violado por dicha comisión". Y añade que en caso de que el Constitucional estime el recurso de amparo, se debería concretar el objeto de la comisión, previo informe del letrado de la Cámara Baja.
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