El PP ha sacado toda su artillería parlamentaria para responder al primer gran movimiento de la oposición contra Mariano Rajoy en su segundo mandato, marcado por una atomización parlamentaria que le pone imposible controlar el Congreso. Rajoy ha incumplido parte del pacto anticorrupción que firmó con Albert Rivera el año pasado, motivo por el cual Ciudadanos ha buscado el apoyo de PSOE y Unidos Podemos para desarrollarlo en uno de sus puntos: lanzar una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de Génova. El PP no se quedará de brazos cruzados ante esta maniobra y, tal y como anunció ayer, forzará otra investigación en el Senado para fiscalizar en paralelo las cuentas de todos los partidos.
Pone así el ventilador sobre un asunto que amenazaba con marcar la agenda parlamentaria y mediática durante medio año. La comisión sobre Génova se constituirá en este periodo de sesiones -antes de julio- y echará a andar presumiblemente en septiembre con una duración estimada de seis meses prorrogables. La iniciativa será calificada por la Mesa la semana que viene, para debatirse y aprobarse en pleno la siguiente.
Entonces, el PP tratará de enmendarla para que amplíe sus cometidos y alcance a las finanzas de todos los partidos. Como presumiblemente no tendrá éxito -la oposición quiere un órgano exclusivamente dedicado a la caja B de Génova-, se reserva la carta del Senado. Allí tiene mayoría absoluta y puede manejar como quiera el rumbo de la Cámara, neutralizando en parte los ecos de la investigación de sus cuentas en el Congreso.
Los populares presentaron en la tarde del miércoles sendos documentos de trece páginas en la Cámara baja y en el Senado para pedir comisiones de investigación sobre las cuentas de todos. La primera solo saldrá adelante si logra el apoyo de PSOE o Podemos -la formación morada no se ha cerrado a proporcionarlo-, pero la segunda depende en exclusiva del PP. "Esa va a salir adelante sí o sí", explicaban fuentes populares tras la presentación de la iniciativa. Aunque su intención es que se sumen los demás partidos, están dispuestos a explotar su fuerza para aprobarla en solitario si es preciso.
El PP puede manejar a su antojo una comisión de investigación en el Senado, así como aprobar el dictamen de conclusiones que considere
Ventilador en marcha
Y entonces pondrán el ventilador en marcha. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ofreció un adelanto este miércoles al aludir a los casos de Invercaria, ERE o cursos de formación como algunos de los escándalos que justifican una fiscalización genérica. Igualmente, citó las sospechas sobre el 'crowdfunding' de Podemos, los ingresos que este partido pudo haber recibido de "Irán o Venezuela" y ciertas lagunas en las cuentas de Ciudadanos para justificar su postura. Todo ello, añadió, está explicado en el documento que el PP ha registrado en el Parlamento. Un texto exhaustivo que contrapone al "papelito improvisado" firmado por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para lanzar su "comisión de investigación contra el Partido Popular".
La ley establece como obligatorio que toda persona citada en una comisión de investigación de Congreso o Senado acuda a la cita
En efecto, el escrito de los populares -firmado por 120 diputados en el Congreso y por parlamentarios de PP y Foro Asturias en el Senado- es prolijo, se remonta a los inicios de la democracia en su exposición de motivos, realiza un repaso a la evolución de la legislación sobre la materia y hace referencias a todas las fuerzas políticas de España. "En materia de corrupción, ningún partido político puede presumir de infalibilidad o enarbolar una superior autoridad moral sobre los otros", concluye.
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos by Vozpopuli on Scribd
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"Sin ánimo de ser exhaustivos", señala el documento, "bastará con recordar" algunos casos de opacidad en las cuentas de los partidos para justificar esa posición. Entre ellos, la "microfinanciación colectiva" de Podemos -cuestionada por el Tribunal de Cuentas-, "la financiación de forma directa o indirecta por parte de países extranjeros al entorno de un partido político de ámbito nacional" -de nuevo en referencia a los de Pablo Iglesias-, "la utilización de las asignaciones de los grupos municipales para la financiación de los partidos políticos a nivel nacional" -por un caso que afectó a Ciudadanos-, las "facturas de UGT" o la colección de escándalos surgidos en torno al PSOE -cita de Filesa a los ERE-.
Todo ello les permite colegir que es necesario "conocer a fondo la financiación de los partidos políticos" y "formular recomendaciones que impidan supuestos de financiación ilegal en el futuro". Plantean un calendario de trabajo de tres meses prorrogables.
Condonación de deudas
Asimismo, los populares recuerdan que "entre 1987 y 2007, según los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, los partidos ingresaron algo más de 100 millones de euros a través de donaciones anónimas". De ellos, "CiU se llevó 42 millones; el PNV, 27; el PP, 25; y el PSOE, 8". Y ponen el acento en la condonación de deudas de los bancos a las formaciones políticas, algo que Hernando calificó "también" de "financiación irregular" en su comparecencia ante los medios.
En el texto, hablan de "donaciones exorbitantes" realizadas por esta vía: "Tan solo en 2005, al PSC se le perdonaron 6'6 millones de euros, y otros 7'8 millones fueron renegociados con el PSOE, IU y otros con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable". Y añaden otros casos que beneficiaron a ERC o a los socialistas.
Los populares ponen en la diana las condonaciones de deudas y las donaciones anónimas que beneficiaron a los nacionalistas de 1987 a 2007
"Esto sí que es un ventilador", apuntaba un diputado este miércoles al hojear el documento. El PP ha sacado la artillería pesada contra la alianza PSOE-Podemos-Ciudadanos que se ha configurado para indagar las cuentas populares y está dispuesto a dar la batalla hasta el final. Si la oposición sigue adelante con su ofensiva -planean citar en el Congreso a Rajoy, Aznar y todos los tesoreros de Génova-, los de Rajoy responderán con iniciativas del mismo calibre en el Senado y utilizando también todas las posibilidades que les da ser la primera fuerza en el Congreso.
La ley establece que "todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las comisiones de investigación nombradas por las Cámaras legislativas". Con esa herramienta en la mano, el PP se defenderá en el Senado de lo que considera un ataque orquestado por la oposición en el Congreso con fines electoralistas. Igualmente, podrá manejar los tiempos, formas y conclusiones de las comisiones de la Cámara alta gracias a su mayoría absoluta.
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