"Señor Sánchez, ¿en qué medida y en cuántas ocasiones ha utilizado la institución de La Moncloa para impulsar negocios particulares?". Vozpópuli ha podido confirmar que está es la primera pregunta que Vox tenía previsto formular como acusación popular a Pedro Sánchez durante el interrogatorio histórico al que es sometido este martes el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa. Sánchez se ha negado a declarar en su condición de testigo a las preguntas que las acusaciones tenían preparadas en relación con la investigación que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, lleva a cabo sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Vox tenía un interrogatorio destinado a demostrar que esto "no es el 'Caso Begoña', es el 'Caso Sánchez". Unas preguntas que buscaban dilucidar hasta qué punto el presidente del Gobierno se ha involucrado en los negocios privados de su esposa, como afirman fuentes del partido a este periódico. Las preguntas iban a ser formuladas por la letrada de Vox y coordinadora jurídica del partido -junto a Jorge Buxadé-, Marta Castro. La abogada de Vox ha sido la única representante de la acusación popular que ha ido a Moncloa a interrogar a Sánchez junto al juez Peinado. La formación de Santiago Abascal unifica a todas las acusaciones populares personadas y ha sido designada por el juez como interrogador en estas testificales. Finalmente, no ha podido realizar ninguna pregunta ante la negativa del presidente a declarar.
La citación de Pedro Sánchez como testigo se produce gracias a la solicitud expresa que formuló Vox al juez Peinado en calidad de acusación popular. El presidente de Vox, Santiago Abascal, anticipó días antes de realizar la petición al juez esta pregunta al presidente del Gobierno: "¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer?".
En la misma línea, la formación ha solicitado a la jueza de instrucción Beatriz Biedma que cite a declarar como imputado al hermano del presidente, David Sánchez, por la causa que hay abierta contra él por su 'enchufe' en la Diputación de Badajoz.
Sánchez pasa a la historia... por su declaración como testigo
La obsesión de Pedro Sánchez por cómo le recordará la historia es bien conocida. El presidente socialista escribe un hecho histórico este mismo martes al ser el primer presidente del Gobierno que acudirá a declarar ante un juez en fase de instrucción. Una diligencia por las investigaciones -también históricas- que se están llevando a cabo por la ayuda que brindó al empresario Carlos Barrabés para que se le adjudicaran más de diez millones de euros en contratos públicos. Cabe recordar que Barrabés, también imputado, admitió haberse reunido varias veces en Moncloa con Begoña Gómez y reconoció que el presidente estuvo presente en algunos de esos encuentros.
Mariano Rajoy también declaró en calidad de testigo en su etapa presidencial, pero lo hicieron la fase de juicio oral. Adolfo Suárez hizo lo propio en fase de juicio oral en 1995, cuando hacía años que dejó de ser presidente del Gobierno. Además, Suárez no necesitó ningún requerimiento judicial y acudió voluntariamente a declarar en calidad de testigo en el marco del Caso Banesto en la Audiencia Nacional. Felipe González declaró en 1998 por el secuestro de Segundo Marey en un juicio que dio a conocer a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
La declaración de Sánchez es inusual, además, por otros motivos. Sánchez será el primer presidente también al que se tome declaración en las dependencias de la Moncloa, donde se encuentra su despacho oficial. El lugar donde cohabita con Begoña Gómez, persona investigada.
Presiones sobre el juez Peinado
Los ministros de Sánchez se han lanzado en tromba estos últimos días para presionar al juez Peinado y criticar públicamente su decisión de hacer declarar en persona y grabar la testifical del presidente del Gobierno. Uno de los más contundentes ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha tachado de "impertinente e innecesaria" la declaración que deberá prestar Sánchez en Moncloa. "Es retorcer la ley", ha aseverado.
La ministra de Ciencia, Diana Morant, espetó hace seis días: "Nadie está por encima de la Ley, tampoco el juez Peinado". Otro de los que se ha sumado a la presión es el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha llegado a afirmar en una de sus hipérboles habituales que "la instrucción del juez Peinado es un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro”.
La Asociación Profesional de la Magistratura ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para alertar de estos ataques contra el juez Peinado. En la nota, la asociación mayoritaria de la carrera expone que los ataques vertidos en su contra en las últimas semanas "no son asumibles en una democracia plena".
La Comisión Europea mostró en su reciente informe sobre el Estado de Derecho en España su preocupación por los ataques a la judicatura en declaraciones de políticos. En el documento, avisa del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias.
