Han transcurrido cinco sesiones de juicio del procés, ya han declarado ocho acusados en jornadas maratonianas como la de este miércoles, que se extendió durante nueve horas de preguntas y respuestas en el Tribunal Supremo. Sin embargo, la rebelión, el delito más grave por el que la Fiscalía acusa a los líderes independentistas, ha jugado hasta ahora un papel secundario en los cuestionarios a los líderes soberanistas.
El Ministerio Público se presentó en el juicio abanderando la acusación por rebelión del que se bajó en marcha la Abogacía del Estado, que apostó por la sedición. Esta alternativa también está relacionada con el alzamiento tumultuario, pero sin contemplar la violencia por lo que conlleva penas más bajas. Frente a los 25 años de prisión que pide la Fiscalía para el principal acusado, Oriol Junqueras, la Abogacía solicita 12 años.
En los pasillos del Palacio de las Salesas, sede del alto tribunal, los presentes en la Sala de Vistas apuntaban a que la estrategia de los acusados pasa por asumir un delito de desobediencia, penado apenas con una multa e inhabilitación. “Entre ese mínimo y el máximo de la rebelión es dónde se está jugando el partido”, analizaba uno de los abogados durante uno de los recesos. Pero en ese amplio terreno apenas ha habido hueco para las preguntas que tienen que ver con la violencia.
Más preguntas sobre malversación
Ni Junqueras ni el exconseller de Exteriores Raül Romeva, ambos de ERC, aceptaron contestar a las preguntas del Ministerio Público. Sí lo hicieron en cambio los otros seis dirigentes catalanes, pero las preguntas que tienen que ver con la rebelión se han diluido en cuestionarios que han profundizado más sobre otros aspectos como la presunta malversación o la propia desobediencia a las advertencias del Tribunal Constitucional.
Las preguntas relacionadas con la rebelión han sido escasas y previsibles por parte de la Fiscalía, que no ha logrado poner en apuros a ninguno de los acusados en lo que tiene que ver con los presuntos hechos violentos en los que culminó el proceso iniciado en 2012. El Ministerio Público no ha presentado indicios para contrarrestar, el menos en esta fase testifical del juicio, los argumentos de los acusados que insisten en reivindicar el carácter cívico de las movilizaciones o que la violencia corrió a cargo de la Policía. Aún quedan las declaraciones de los peritos y testigos.
Principalmente, los hechos violentos que se analizan tienen que ver con la concentración de decenas de miles de personas ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 cuando la multitud rodeó el edificio en el que se estaba practicando un registro ordenado por un juez. También los hechos violentos del 1-O y los enfrentamientos entre los votantes y las fuerzas de seguridad del Estado, con orden de evitar la consulta del Tribunal Constitucional.
Actuación desigual de los fiscales
Son cuatro los fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que han llevado esta causa desde el principio. Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Se están turnando en sus intervenciones y algunas han incurrido en errores a la hora de preguntar. Este miércoles, Cadena confundió en su interrogatorio a Dolors Bassa la declaración del 10 de octubre en la que el expresidente de la Generalitat dejó en suspenso la desconexión tras el referéndum y la votación secreta del 27 de octubre tras la que se declaró la República independiente de Cataluña.
Días a atrás, durante el interrogatorio al exconseller de Interior, Joaquim Forn, este mismo fiscal dio apariencia de no saber el número exacto de vehículos de la Guardia Civil destrozados por la multitud ante la Consejería de Hacienda.
El discreto papel que la violencia ha jugado por el momento choca con la contundencia con la que el propio Fidel Cadena se refirió a ella en la fase de cuestiones previas en coalición con su compañero Zaragoza. El Fiscal describió un escenario de “violencia e intimidación” cuando “unilateralmente decidió separarse del derecho y cuando en el cóctel explosivo de unilateralidad se suma el poder de una comunidad autónoma que tiene el uso coercitivo del derecho y junto a ello el poder de los Mossos d’Esquadra, más las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad que pretenden el incumplimiento”.
La gravedad de ese escenario no se ha traducido de momento en los interrogatorios a los acusados, que este jueves ser terminarán con las preguntas a los ex líderes independentistas de ANC y Omnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el exconseller Santiago Vila.
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