El Gobierno lleva varios días presionando a la Justicia para que aplique ya la amnistía a Carles Puigdemont. El primero en disparar fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien acusó a principios del semana al Tribunal Supremo de "extralimitarse" por no aplicar la medida de gracia al expresidente catalán prófugo. Además, dio por descontado que el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista y presidido por Cándido Conde Pumpido, lo corregirá porque "no hay por dónde agarrar que hubo malversación".
El ministro del ramo, Félix Bolaños, intentó matizar este martes a su colega, pero volvió a dejar claro que el Gobierno no comparte su decisión. Toda esta presión, según ha sabido este diario por fuentes socialistas, no está sentando bien en Bruselas. Las fuentes consultadas aseguran que el Ejecutivo comunitario vuelve a recelar de las artes del Gobierno para influir en las decisiones del juez Pablo Llarena. El propio Bolaños insinuó que el togado sigue la línea de Vox. "Es increíble, dicen [en las instituciones comunitarias]", explican estas fuentes.
Tanto la Sala del Supremo que juzgó el procés como el propio Llarena consideran que no es posible aplicar la amnistía al delito de malversación en el que incurrieron los dirigentes independentistas. Pero, en lugar de amnistiar toda malversación, la ley dejó fuera a quienes hubieran buscado "un beneficio personal de carácter patrimonial". Y eso es a lo que se agarra el Supremo para intentar atar a Puigdemont. La lectura del Alto Tribunal es que el Ejecutivo quería evitar un previsible revés de la Justicia europea a una amnistía total. La misma que ahora se inquieta con las declaraciones de algunos destacados miembros del Gobierno de Sánchez.
Lo cierto es que tanto el Supremo como el Tribunal Constitucional mostraron su malestar por las declaraciones de Puente. El primero, porque considera que el problema no está en su interpretación de la ley de amnistía, sino en el redactado de la norma. Y, el segundo, porque no ve conveniente que un miembro del Ejecutivo -abogado de formación- se apresure a aventurar cuál será la decisión del tribunal sin siquiera haber deliberado al respecto.
En Moncloa asumen que Puente avivó el incendio. Y, por eso, Bolaños, junto a él, se esmeró en intentar rebajar el tono del exalcalde de Valladolid, según explican fuentes gubernamentales. No obstante, el Ejecutivo no está, precisamente, calmando al juez Llarena. La inacción del Gobierno en el regreso de Puigdemont a España, que logró escapar por segunda vez sin ser detenido, enfadó enormemente al magistrado instructor del procés.
Llarena tenía la esperanza de poder tener enfrente a Puigdemont tras siete años prófugo. Pero la política, una vez más, se interpuso en sus planes. Moncloa echa balones fuera. Y manda mensajes sorprendentes de "tranquilidad" tras el espectáculo de la semana pasada. Es más, el Gobierno señala directamente a la policía catalana como responsable. Pero quizá lo más sangrante del asunto es el silencio del jefe del Ejecutivo, recién llegado a Lanzarote de vacaciones, porque no hace más que alimentar la tesis de un supuesto pacto con Puigdemont para permitirle aparecer durante la investidura de Salvador Illa sin ser arrestado.
En verdad, parece lógico pensar que el Gobierno y la actual cúpula socialista mirarían para otro lado tras el número de Puigdemont. Ni un solo comentario duro hacia el expresidente catalán. La hemeroteca de relaciones del PSOE -y de todo el Ejecutivo- con Puigdemont lo explica todo. A saber: la visita de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para verse con él en Bruselas; las negociaciones de Santos Cerdán, retratado bajo una enorme fotografía con las urnas triunfantes del 1-O de 2017; la firma del pacto de investidura con Jordi Turull, condenado e indultado por sedición, malversación y desobediencia, etc.
Si aquella foto del número tres socialista con el prófugo ya fue un "mal trago" para buena parte del PSOE, su actuación de la semana pasada en el partido. Además, cabe preguntarse si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciará al respecto en algún momento. O tocará esperar a que le aborde la prensa cuando tenga oportunidad. En cualquier caso, puede que el intento sea en vano, puesto que Moncloa suele despachar cualquier cuestión sobre los procesos judiciales adversos para el Gobierno con el comodín de la ultraderecha. Es lo mismo a lo que se agarra cuando se cuestiona sobre la actividad profesional de la mujer del presidente.
El Ejecutivo insinúa que el magistrado Juan Carlos Peinado, que sigue la cusa que afecta a Begoña Gómez, prevarica. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asegura que la causa que se investiga en el juzgado de instrucción numero 41 de Madrid "no es judicial, es política". Y el PSOE no se queda atrás. El portavoz en el Congreso, Patxi López, también repite el mantra de Ferraz desde que estalló el caso: se agarra a los dos informes de la UCO que exoneran a Gómez; al criterio de la Fiscalía, que tampoco la acusa de nada, y a las declaraciones de los testigos: "Habrá que preguntarle por qué se le investiga".
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