PSOE y Unidos Podemos llevan denunciando durante toda la legislatura el bloqueo que ejerce el Gobierno y el Partido Popular sobre las iniciativas legislativas que presentan los grupos de la oposición. Este martes, Pedro Sánchez anunciaba que su grupo presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el derecho de veto del Ejecutivo recogido en el artículo 134 de la Carta Magna, que le permite hacerlo si supone un aumento del gasto o una reducción de los ingresos para las arcas públicas.
El pasado día 25 de enero, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, dirigía una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor en la que le exigía que abordase el asunto y pusiera fin al bloqueo "sistematico" de las proposiciones de Ley no sólo con el veto del Gobierno, sino con la prórroga eterna de los períodos de enmiendas de las proposiciones de Ley.
Este martes, Pastor optaba por tomar la iniciativa y anunciaba que convocará esta semana una reunión informal de los portavoces parlamentarios para abordar el actual límite. La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, no se mostraba muy confiada en que el encuentro sirva para avanzar y ha conminado a la presidenta de la Cámara a que hable directamente con Mariano Rajoy para desbloquear la actividad legislativa.
El PSOE presentó a finales del mes de junio de 2017 una reforma del Reglamento para que sólo pudiese haber dos prórrogas después de los 15 días para enmiendas que prevé la norma. En caso de que se soliciten más, dicha petición debería contar con el apoyo de, como mínimo, dos grupos parlamentarios que sumen mayoría absoluta. De esta manera, quedaría fuera la posibilidad de que, en esta legislatura, lo hagan el PP y Ciudadanos sin más respaldo.
El PNV hizo lo propio en septiembre, con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto, y elevó otro escrito a la presidenta del Parlamento pidiendo igualmente limitar las prórrogas. Todo quedó en el aire y no se adivinan qué criterios se pueden aplicar a la hora de autorizar o no ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas.
En total hay cerca de 40 proposiciones de ley estancadas desde que arrancase la legislatura hace un año. Entre ellas están la suspensión de la ley educativa del PP (LOMCE), la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y otra para anular la última reforma del Tribunal Constitucional. También otra iniciativa para la despenalización del derecho de huelga o la reforma de la Justicia Universal.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que nunca utilizó su capacidad de veto en la legislatura donde gozaba de mayoría absoluta, se ha convertido en el que ha vetado más iniciativas legislativas en la historia de la democracia española. Además, desde que comenzó el segundo mandato, sólo se han aprobado 14 proyectos de ley, de los cuales nueve son trasposiciones europeas.
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