Semana clave para el futuro político de Vox en nuestro país. La formación liderada por Santiago Abascal apura los últimos días antes de las vacaciones de verano manteniendo la pugna contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el caso de Begoña Gómez y sus supuestos negocios. Tanto es así que es la única fuerza del Congreso que estará presente en la testifical del presidente de este martes.
Así lo confirmó ayer Vox, tras tener la autorización de Juan Carlos Peinado, juez encargado de escrutar a la mujer del presidente del Gobierno, de que Marta Castro, coordinadora jurídica del partido, asista y participe presencialmente en el interrogatorio como testigo en la Moncloa.
De este modo, Vox liderará las acusaciones populares personadas, además, con Hazte Oír, el Movimiento por la Regeneración Democrática, Manos Limpias, y Iustitia Europa. Desde que estalló el caso contra Begoña Gómez, Vox ha sido, con diferencia, la formación que más se ha implicado políticamente en intentar obtener respuestas claras en este embrollo judicial.
Aunque queda por ver qué sucede en la Comisión de Investigación aprobada por la Asamblea de Madrid, donde se espera que el Grupo Parlamentario Popular llame a Begoña Gómez y Joaquín Goyache a comparecer, la realidad es que tras la negativa de Feijóo a que la esposa del presidente acuda al Senado ha dejado a Vox como la fuerza más contundente contra este caso.
Vox cae en las encuestas tras la crisis autonómica
La presión que Vox está ejerciendo en todo el proceso judicial de Begoña Gómez contrasta enormemente con el delicado momento demoscópico que atraviesa. El pasado 11 de julio, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox anunció la ruptura, con efecto inmediato, de los cinco gobiernos autonómicos donde existía un acuerdo de coalición con el Partido Popular.
Esta decisión, que se llevó por delante los ejecutivos de Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Baleares, afectó a tres centenares de cargos, a los cuales el PP descartó para futuras incorporaciones por carecer de "perfiles interesantes".
Además, ha supuesto un varapalo mediático para el partido, que admite en público que esta decisión "puede afectar a corto plazo" por "incomprensión". Muchos votantes de Vox están reflexionando si la crisis migratoria, en la cual el partido tiene una postura inamovible, pesa más que el hecho de haber entregado su confianza para sacar adelante dichas autonomías.
No obstante, la presidencia de las cámaras regionales y los Ayuntamientos aguantan en pie, pero con "aviso a navegantes" si no se hacen las cosas en materia migratoria como ellos consideran.
Las consecuencias a corto plazo no han tardado en aparecer. A nivel demoscópico, las encuestas han empezado a señalar una pérdida de votos a nivel nacional y autonómico en detrimento del Partido Popular, que sería la formación que recibiría dichos votos en caso de nuevos comicios generales o regionales.
Según la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, el PP subiría hasta los 157 escaños en unas hipotéticas elecciones, veinte más de los que sacó el 23-J de 2023. Por otro lado, Vox obtendría 21 diputados, doce menos que los 33 que posee actualmente.
Yendo a Comunidades Autónomas, y a tenor de lo que explica en sus páginas el diario La Razón, una nueva encuesta de NC Report, el PP obtendría entre 41 y 42 escaños en las cortes de Castilla y León de producirse un adelanto electoral en dicha región. Al tener 81 procuradores, la absoluta está fijada en 41. El partido de Abascal se movería en una horquilla de 7-9 diputados, lo que les dejaría con 4-6 menos que los actuales.
Las encuestas, que no dejan de ser eso, encuestas, pues con el pasado 23-J se comprobó la inexactitud de muchas de ellas, sí denotan un hastío o cambio de tendencia entre los votantes de Vox, quién sabe si pronunciado por la ruptura autonómica del pasado 11 de julio. Al margen de todo el ruido, Vox tiene clara su hoja de ruta, y seguirá al pie del cañón diga lo que digan las encuestas.