La lucha contra la violencia de género ha propiciado el primer gran consenso de la XII Legislatura. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de una iniciativa presentada al alimón por PP y PSOE para articular un pacto de Estado que coordine al Gobierno, las autonomías y la Federación de Municipios y Provincias en el intento de acabar con una lacra que se cobra cada año decenas de víctimas. Las bancadas popular y socialista habían elaborado distintas proposiciones no de ley (PNL) al respecto, pero al final han alumbrado un acuerdo en torno a una enmienda transaccional que, tras las aportaciones del resto del hemiciclo, ha sido avalada por toda la Cámara. Se han registrado 344 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La meta es convertir en “una verdadera materia de estado” las políticas destinadas a erradicar “la violencia sobre la mujer”, recuperando “el espíritu de consenso” que alumbró la Ley Orgánica de 2004. Se trata de vincular “a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida”. Una subcomisión parlamentaria, dentro de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, será la encargada de dotar de contenido al pacto. Dicho organismo ha de crearse antes de fin de año y elaborar un informe “en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución”.
En 2017 se abordarán las reformas legislativas que los partidos acuerden incluir en el pacto
El diagnóstico y propuestas del informe se remitirá al Gobierno para que, en un plazo no superior a dos meses, lo someta al acuerdo del resto de administraciones, fuerzas políticas, poder judicial, sindicatos, empresas y asociaciones civiles. Acto seguido, comenzará la tramitación de las reformas legislativas que compongan el acuerdo. Se incluye también la creación de una comisión de seguimiento del pacto que se reunirá al menos una vez al año.
Los impulsores creen que el acuerdo es lo suficientemente amplio como para que sus impulsores lo consideren una oportunidad histórica de laminar la violencia de género. “Nos enfrentamos a un doble reto”, ha señalado la diputad del PP Marta González Vázquez: “reforzar la eficacia” del sistema en esta misión “y actualizarlo según las exigencias internacionales”. El Convenio de Estambul es la referencia para conseguir un marco que proteja “a las mujeres contra todas las formas de violencia que sufren por el mero hecho de ser mujeres”.
Críticas al Gobierno Rajoy
Por el Grupo Socialista ha sido Ángeles Álvarez la encargada de defender el pacto. Tras criticar que el Gobierno de Rajoy haya actuado hasta ahora con “cierta indiferencia, cierta falta de diligencia y cierta falta de empatía” sobre este tema, ha reclamado “avanzar” hacia un pacto global que en pocos meses siente los mimbres necesarios para combatir esa lacra.
Álvarez ha fijado algunos de los objetivos que se plantea su partido -eliminar el atenuante de la confesión para casos de violencia de género, armar a las entidades locales para que puedan actuar más eficazmente o permitir el aborto sin consentimiento paterno a las menores de edad que convivan con un progenitor “violento”- y se ha adjudicado el mérito de haber movido a los populares hacia su posición. De este modo, el PSOE pretende vender que su estrategia de 'oposición útil' comienza a dar réditos.
El PSOE se apunta el mérito de llevar al PP hacia un pacto de Estado que llevaban tres años reclamando
Desde Unidos Podemos, Compromís o EH Bildu se han vertido duras críticas contra el PP por su gestión en este ámbito, cosa que no ha comprometido su voto a favor del pacto. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha reclamado que todos los partidos del Grupo Mixto tengan representación en la subcomisión. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha intervenido al término del debate para mostrar el apoyo de su Departamento al pacto.
La unión de todo el Parlamento respecto a esta cuestión supone el primer gran consenso de una legislatura llamada a ser la del dialogo y el acuerdo. O a no ser. Así lo adelantó el propio presidente del Gobierno en su discurso de investidura, donde emplazó al entendimiento para sacar adelante grandes reformas de Estado que considera urgentes. Entre ellas estaba la de un acuerdo contra la violencia de género, pero también la reforma educativa, la del sistema de pensiones o sendos pactos por la energía y el empleo.
Precisamente la educación ha sido la otra protagonista del pleno de este martes. El Congreso ha avalado, con la única oposición del PP, la paralización de la LOMCE y la búsqueda de un acuerdo para confeccionar otra ley que supere dicha norma, denostada por toda la oposición. Los populares están a favor de articularlo, pero consideran que el orden de los factores ha de invertirse: primero pactar y luego aprobar la proposición de ley correspondiente, y no al revés.
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