La alianza PP-PSOE para la aplicación del artículo 155 de la Constitución empieza a mostrar las primeras fisuras, a cuatro días de que el Pleno del Senado se pronuncie sobre el paquete de medidas planteado por el Gobierno, después de que en las últimas horas, Moncloa haya dado un giro a su discurso para descartar que la sola convocatoria de unas elecciones autonómicas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda frenar la maquinaria del Estado. Mientras tanto, los socialistas se mantienen en su posición de que una cita con las urnas puede ser la salida a la crisis.
Desde ayer a última hora, el Gobierno y el PP vienen avisando de que unas elecciones no le van a servir a Puigdemont para que eluda sus responsabilidades y, aunque "podrá ayudar a resolver los problemas", el president debe dejar clara su voluntad de cumplir con las leyes y "acatar la Constitución" si quiere evitar el 155.
Éstas son palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista en RNE, a las que después se ha sumado desde el Congreso el portavoz del PP, Rafael Hernando, que ha sido aún más gráfico. Una convocatoria de elecciones, ha dicho, no va a suponer "una limpieza sobre lo que algunos han estado haciendo este tiempo", sino que el Estado de Derecho "va a seguir funcionando y las responsabilidades de todo tipo, civiles y penales, van a llegar a las personas que han vulnerado el Estado de Derecho".
El PP exige que pidan "perdón"
Es más, el portavoz de los 'populares' ha defendido que, además de restaurar la legalidad y devolver la vigencia al Estatut y la Constitución en Cataluña, dejando clara la anulación de las leyes separatistas que ya han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional, los independentistas tienen que "pedir perdón al pueblo de Cataluña" por lo que han hecho".
Es decir, el PP aumenta la lista de exigencias para paralizar la hoja de ruta que diseñó el Consejo de Ministros el pasado sábado y que presentó, con el apoyo del PSOE, después de semanas de conversaciones y negociaciones. Y los socialistas no les acompañan, de momento en este viraje: insisten en que, si no hay declaración unilateral de independencia, unas elecciones autonómicas pueden parar el 155.
Así lo explicó ayer el portavoz de la dirección federal, Óscar Puente, y así lo ha vuelto a defender este martes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Margarita Robles, cuando se le ha preguntado por el giro del Gobierno. En una rueda de prensa en el Congreso, Robles ha defendido que si el president convoca elecciones "en el marco constitucional y dentro de la legalidad vigente" ya "no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo 155 de la Constitución", que no se aplicará hasta que lo apruebe el Senado, donde el PP no tiene mayoría absoluta.
La portavoz no se ha dado por enterada del giro en el PP y ha insistido en que el PSOE se acoge a la posición de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que ayer dijo "lo mismo" que defiende el PSOE, esto es, que una convocatoria electoral en el marco de la legalidad y con un "rechazo" a una declaración unilateral de independencia (DUI) hará que no se ponga en marcha el 155.
Eso sí, Robles no ha precisado si ese "rechazo" tiene que ser expreso y ha insistido en que con unas elecciones no hay por qué seguir con el instrumento constitucional, siempre y cuando no haya una DUI. Ayer, Puente hizo hincapié en este extremo y avisó a los independentistas de que no aceptarán ninguna declaración unilateral de independencia, "ni light, ni soft, ni verbal, ni escrita".
En este punto, y aunque las discrepancias son evidentes, el PSOE no quiere adelantar qué pasará si Puigdemont convoca unas elecciones en el marco de la legalidad, que los socialistas den por válidas para frenar el 155, y el Gobierno apuesta por seguir adelante en el Senado. No quieren hablar de "hipótesis".
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