Las protestas de los jueces, fiscales, abogados e inspectores contra la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez no paran de crecer de una forma cada vez más intensa y organizada. Una buena muestra de este hecho es el manifiesto unitario que este miércoles han presentado en Barcelona ocho influyentes asociaciones del ámbito jurídico que, bajo el lema de “En defensa del Estado de Derecho”, han alertado del grave peligro que corre el sistema democrático por culpa de un Gobierno irresponsable y 'vendido' por completo a las exigencias de los partidos independentistas catalanes.
Del pacto forman parte la Asociación de Fiscales (AF); la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), Abogados del Estado, Inspectores de Hacienda del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. En conjunto, estos colectivos representan a más de 5.500 profesionales de la esfera jurídica, cuyo principal objetivo será trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes.
Una movilización cívica cada vez más patente
El acto ha comenzado con la intervención de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que ha advertido de la necesidad de “unir fuerzas en tiempos convulsos”, en alusión directa a la Ley de Amnistía y al grave deterioro que sufren instituciones clave del sistema democrático, como el poder judicial, a causa de ataques que en ocasiones son propiciados por el propio Gobierno. Por fortuna, Dexeus opina que la sociedad se está movilizando y que cada vez son más las voces que se alzan contra la amnistía y deploran los ataques a jueces, fiscales y policías.
Por su parte, Pablo Baró, de la Asociación Profesional de la Magistratura , ha destacado que el problema de la amnistía es que ha cruzado “una grandísima línea roja que va a hacer que nuestro Estado de Derecho se deslice por una pendiente peligrosa”.
En opinión de Baró, se trata de una norma perversa porque se ha ido moldeando según las necesidades marcadas por los sectores independentistas, no por el interés general.
En el acto también han participado representantes del resto de asociaciones firmantes del pacto, que han destacado, al igual que sus compañeros, la necesidad de unir y de coordinar fuerzas para que cese el peligro que padece el Estado de Derecho.
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