La Junta Electoral se ha convertido, indirectamente, en uno de los protagonistas de la precampaña electoral catalana. Sus decisiones sobre determinados excesos o irregularidades se han recibido como un puñetazo en el estómago del mundo independentista, que ha reaccionado con todo tipo de ataques y reproches tanto en declaraciones como en las redes.
Al frente de la Junta Electoral Central se encuentra un magistrado del denominado sector 'progresista', Segundo Menéndez, quien fue designado para ese puesto hace tan sólo un mes. Nada más aterrizar en el cargo se ha topado con estas turbulencias. La Junta Electoral, en diferentes resoluciones, ha prohibido que los interventores de los partidos porten un lazo amarillo (el color de apoyo a los 'presos políticos') en los colegios el día de la votación.
También ha propinado un severo rapapolvo a TV3, la televisión pública catalana a la que prohíbe en adelante denominar 'president' y 'consellers' a Puigdemont y el resto de los miembros del que fuera su Gabinete. "Lleva a la confusión", señala en su resolución. El amarillo en la iluminación navideña de las fuentes barcelonesas y el cartel de 'libertad a los presos' que pendía de las paredes del Ayuntamiento, iniciativa de la alcaldesa Ada Colau, también han sido prohibidos por la Junta Electoral, en este caso, la provincial.
Difícil aterrizaje
De forma inopinada y sorprendente, el magistrado Menéndez se encuentra en el foco del huracán. Se trata de un jurista de largo recorrido que formaba parte de la Sala de los Contencioso Administrativo del Supremo hasta primeros de noviembre, cuando fue designado presidente de la Junta, en una renovación pendiente desde hace dos años. Esta instancia electoral debe proceder a los nuevos nombramientos de su cúpula al principio de cada legislatura, pero el bloqueo institucional que vivía por entonces nuestro país impidió redondear este paso.
Menéndez, considerado en su medio como un excelente profesional y un destacado jurista, ha recibido en estos días todo tipo de críticas y descalificaciones desde las filas del separatismo. El objetivo no es él, un perfecto desconocido en estos ámbitos, sino la Junta que preside. Se trata de un magistrado del denominado 'sector progresista' y que incluso presentó un voto particular contra la suspensión por tres años del exjuez Santiago Vidal, antiguo senador de ERC y autor de un proyecto de Constitución para la república catalana.
¿Debate televisivo por plasma?
La Junta Electoral Central está compuesta por trece personas, ocho magistrados del Supremo, elegidos por insaculación en el Consejo del Poder Judicial y cinco catedráticos de reconocido prestigio, consensuados por los grupos parlamentarios. Tres PP, dos PSOE y uno Ciudadanos y Podemos. Presidente y vicepresidente siempre forman parte del Supremo.
Sus decisiones son vinculantes y de obligado cumplimiento. Son el árbitro máximo en una contienda electoral. Lo singular de la campaña catalana, con hechos tan inauditos como que las elecciones hayan sido convocadas por el presidente del Gobierno y no por el de la autonomía, o que algunos de sus candidatos estén, de momento, fugados de la Justicia o en prisión, pueden dificultar la labor de la Junta. Dentro de unos días se planteará la celebración de los debates televisivos.
Se ignora el formato que se adoptará en el caso de que Puigdemont, cabeza de lista de JxCat permanezca fuera de España, fugado de la Justicia. ¿Se le permitirá comparecer por videoconferencia?. Lo estipulado es que el debate sea presencial. ¿Qué hará la Junta?. El magistrado Menéndez y sus compañeros en ese organismo tendrán la última palabra.
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