Política

Sectores del PSOE piden centrarse en los Presupuestos y aparcar la amnistía: “Va a ser inaplicable”

La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que Pedro Sánchez se oponía, es aceptar que la amnistía no podrá franquear la barrera de la justicia europea

"Que abran el melón de la Ley de Enjuiciamiento Criminal demuestra que ya no tienen fe en la amnistía". Así resume un socialista a Vozpópuli el desánimo que cunde en el Gobierno. La sensación es que, por muchas vueltas que le den, la ley de amnistía "podrá aprobarse, pero va a ser difícilmente aplicable". Y sectores del PSOE piden centrarse en "las otras cosas que ocurren en España" y ponerse a trabajar en los Presupuestos Generales del Estado.

"No hay aplicación posible de esta ley", admiten fuentes socialistas que nunca han creído en el pacto con Carles Puigdemont. "Por eso salen con los cambios en la ley de Enjuiciamiento y otras alternativas".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la vía de acotar la instrucción de los jueces -otra enmienda más a la posición original del PSOE- y que Junts acepte aprobar la ley de amnistía tal y como está porque, según ha dicho, "no se puede mantener permanentemente el estatus de imputado o investigado".

"Tenemos que tener en cuenta que tampoco se puede mantener permanentemente el estatus de una persona como imputado o como investigado si la investigación no avanza o se valora que ya está razonablemente concluida", ha señalado Grande-Marlaska.

Amnistía omnipresente

La legislatura está secuestrada por la amnistía desde el día siguiente de las elecciones del 23 de julio. El Gobierno presentó una propuesta inicial que calificó de inmodificable. Pero que ha ido cambiando a medida que avanzan algunas causas judiciales. En especial, las que afectan a Carles Puigdemont.

La ley fue rechazada por el partido del ex presidente de la Generalitat, que tiene pendiente la causa del procés por la que sigue huido en Bélgica -que incluye la malversación- y delitos muy graves que van desde el terrorismo hasta la alta traición por sus vínculos con Rusia y la violencia desatada en las calles de Barcelona por el movimiento Tsunami Democràtic en 2019.

La sucesión de acontecimientos ha convencido a muchos socialistas de que la amnistía en los términos en los que se ha llevado al Congreso -y no sólo si se amplían los supuestos de perdón todavía más- no podrá aplicarse. Y consideran que el presidente Pedro Sánchez debe dar un giro a la legislatura y centrarse en medidas económicas.

La sensación en el Gobierno es que la barrera del Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) será infranqueable para la amnistía, sobre todo tras los continuos traspiés de la norma y el ruido político que se ha generado en Bruselas.

Ni siquiera el aval del Tribunal Constitucional será suficiente. Estas fuentes explican que el TJUE no entraría en caso alguno a valorar su aval, sino en las cuestiones prejudiciales que plantean los jueces españoles para caso concreto.

Una vez se admita esta cuestión, la aplicación de la amnistía quedaría suspendida. Y el TJUE suele tardar unos dos años en resolver. No aplicaría el procedimiento de urgencia porque los beneficiados de la amnistía ni siquiera están en prisión.

Pensar en los Presupuestos

Ante esta reflexión y el desgaste que supone el monopolio de la amnistía en el debate político, los Presupuestos serían, dicen, deseables para contribuir a tener unas cuentas a la situación económica del país y que el debate político gire por otros derroteros. Así lo apuntó la ex vicepresidenta Nadia Calviño, hoy al frente del BEI (Banco Europeo de Inversiones), que subrayó la importancia de tener Presupuestos para desbloquear los tramos de fondos europeos pendientes. Había dicho lo contrario semanas antes, cuando todavía estaba sentada en el Consejo de Ministros.

El Gobierno ya sabe que el PP tumbará los objetivos de déficit en el Senado, lo que retrasará todavía más la tramitación presupuestaria. Esa senda la había respaldado Junts en el Congreso.

El problema, por supuesto, es la dependencia de los siete diputados de Puigdemont, que hoy por hoy están muy lejos de apoyar iniciativa alguna del Gobierno. Un derrota en un proyecto clave, admiten estas fuentes, sería la puntilla para el Gobierno.

Sánchez, por su parte, insiste en que agotará la legislatura. "Quedan 1.265 días", dijo esta semana.

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