El primer papel registrado en el Congreso con la intención de modificar la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales (y transponer una directiva europea) para rebajar las penas a decenas de etarras condenados data de 2021, fue una proposición de ley de Unidas Podemos firmada por Jaume Asens y Txema Guijarro. Y ese ha sido el salvoconducto al que ha recurrido el PSOE para culminar la jugada en connivencia con Bildu. Fuentes gubernamentales explican a Vozpópuli que el intermediario necesario entre socialistas y abertzales ha sido Enrique Santiago, ya que ha sido el constructor legal del cambio. "Ha sido cosa de él", explican.
El jurista -diputado de Sumar y secretario general del Partido Comunista de España (PCE)- ha sido el encargado de repescar el contenido de aquella proposición e introducirla vía enmienda en nombre de su actual grupo parlamentario para eximir de responsabilidad directa al PSOE y a Bildu. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llevado la voz cantante por parte del PSOE. Pocos diputados socialistas sabían que aquel cambio legal votado por 346 diputados el mes pasado contenía una medida tan polémica. Pero Bolaños sí era plenamente consciente. "Siempre sabe lo que vota", precisan fuentes de su entorno.
Bildu ha exprimido una vez más la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y ha logrado calmar a los presos de la banda con una argucia legal maestra. Cabe reseñar que el contenido del acuerdo de investidura al que llegaron los abertzales y el PSOE no se hizo nunca público. Pero todo parece indicar que tanto el acercamiento de presos de ETA como el alivio de sus condenas ha estado siempre encima de la mesa como contrapartida necesaria. El presidente necesita los votos de la izquierda independentista vasca para seguir en Moncloa y está dispuesto a ceder línea roja tras línea roja.
Proposición de Ley Orgánica by amledrado
Basta señalar que el propio Ministerio del Interior, capitaneado por Fernando Grande-Marlaska, negó a las víctimas de ETA que pretendiera rebajar las penas a los etarras en una carta en 2022. En cualquier caso, Moncloa, que echa balones fuera y responsabiliza de esta rebaja al trámite parlamentario y a los diputados, asume las consecuencias del cambio legal. El núcleo duro del presidente no entra a juzgar ni moralmente ni políticamente el contenido de esas dos enmiendas que se colaron en pleno mes de julio, con medio país de vacaciones, y el otro medio pensando en su merecido descanso.
Uno de los temas más sensibles en la relación entre el PSOE y Bildu es la política penitenciaria que afecta a los presos de ETA. Aunque nunca ha habido un acuerdo formal en este sentido, Bildu ha mantenido una presión constante entre bastidores para conseguir su acercamiento a cárceles vascas y navarras. Y hay que reseñar que en los últimos años ha logrado avances significativos con el traslado de, al menos, 377.
Si bien el Gobierno siempre ha defendido que estas decisiones responden estrictamente a criterios penitenciarios, Bildu ha interpretado estos movimientos como resultado de su presión política. Y así lo vende en Euskadi, donde tiene un abultado respaldo electoral (es segunda fuerza, pisando los talones al PNV). Con estos hechos, cabe interpretar que la rebaja de la condena a los etarras era una de las exigencias de los abertzales al PSOE para que Pedro Sánchez pudiera seguir contando con su respaldo y lograr la investidura. Es más, según fuentes de la formación abertzale, en ese momento, insistieron en que tocaba transponer esa directiva con esos retoques.
Los negociadores del PSOE aceptaron con la condición de que fuera Sumar, concretamente su portavoz en la comisión de Justicia, Enrique Santiago, fuera quien promoviera las enmiendas. De esta forma, los socialistas quedaban blindados y podían agarrarse, como están haciendo ahora, al relato de la separación de poderes y de la libertad del Legislativo para crear, modificar o derogar leyes.
La oposición, que aparentemente no se dio cuenta de la jugada y votó la reforma, se siente engañada y exige al Gobierno que dé marcha atrás y retire el proyecto, todavía en tramitación parlamentaria y pendiente del visto bueno del Senado. El PP incluso ha llegado a pedir disculpas por el error de no haber visto a tiempo la jugada.
Enrique Santiago defendió la transposición de la normativa en la Comisión de Justicia porque implicaba un beneficio para todos los condenados y servía para homologar el Código Penal español al del resto de Estados miembro de la Unión Europea. Pero en ningún caso mencionó que las enmiendas de su grupo beneficiarían a más de 40 etarras que han cumplido condena mayoritariamente en Francia y que ahora permanecen en prisiones españolas.
El Congreso aprobó en septiembre el proyecto. Se trataba, en teoría, de la simple transposición de una directiva europea. Y así lo vendió el Ejecutivo, el pasado 12 de marzo, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley. Pero fue ya durante su recorrido parlamentario cuando se introdujeron dos retoques vía enmienda: la derogación de la disposición adicional única ("en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010"), así como un retoque en el artículo 14.1 con un efecto directo en el cómputo de las penas
Moncloa sigue lavándose las manos y se limita a explicar que presentó un anteproyecto idéntico al que en su día presentó el Gobierno del PP, en 2014 y que, defiende, en su día pasó los filtros del Consejo de Estado. Pero ahí está la trampa, porque el documento que escrutó entonces el órgano consultivo no contenía las enmiendas de Sumar de las que se desentiende el Gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, evitó aclarar este martes la postura del PSOE al respecto y martilleó con la cantinela de lo "indigno" que resulta que el PP recurra a ETA para hacer oposición pese a que han sido los socialistas quienes han permitido esa concesión a los etarras.
