El PSOE no hace oposición con el artículo 155 de la Constitución y, una vez aprobado, con sus votos, los socialistas se han metido en campaña electoral y la aplicación de este mecanismo legal, hasta ahora nunca utilizado, no está entre sus preocupaciones. Con todo, los socialistas quieren mantener su papel de "oposición de Estado" y, por eso, impulsaron la activación de la comisión que se creó en el Senado para su tramitación y a la que acudirá este lunes el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro. El objetivo de los socialistas ante esta cita es defender su mano tras la puesta en marcha de un 155 ajustado y limitado en el tiempo, pero también aprovecharán para hacerle una reclamación al Gobierno: que garantice la participación el próximo 21D.
Cuarenta días después de dar la luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, antes de que fuera aprobada por el Pleno, la comisión creada ad hoc en la Cámara Alta, se reunirá por primera vez esta lunes para hacer la labor de seguimiento y control que se le atribuyó en su constitución. Y no será la última antes de las elecciones, ya que a tres días de la cita de las urnas comparecerá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en quien el PSOE había puesto el foco desde el primer momento.
En un principio, tras la petición del partido de Pedro Sánchez, se fijó la comparecencia de Bermúdez de Castro, pero, después de que la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, criticara que el Gobierno mandara a un secretario de Estado, la vicepresidenta pidió acudir al Senado. Y todo apunta a que su comparecencia será el lunes 18, a sólo tres días de la cita de las urnas.
Fuentes socialistas admiten que, ese día, la deriva de la campaña y la cercanía de las elecciones puede alterar el tono de las intervenciones, pero, en principio, la intención del PSOE es la de mantener en estos trámites la misma actitud que han tenido desde que se negoció y aprobó el 155: está fuera del pim pam pum electoral.
Eso sí, no se limitarán al seguimiento de los aspectos técnicos de esta herramienta, que permitió cesar al Gobierno de la Generalitat, sino que servirá para que, una vez más, traten de reivindicar su papel en esta crisis. Y como han hecho desde un principio, defenderán que ha sido la negociación con el PSOE, cuyo respaldo quiso atar el Gobierno, lo que condujo a un 155 'quirúrgico': con objetivos muy ajustados y por un tiempo muy limitado.
La manera en la que se puso en marcha esta medida, con la que se frenó la declaración unilateral de independencia, sirvió para que el PSOE y, sobre todo el PSC, no vieran como un lastre el apoyo al Gobierno. Los socialistas catalanes evitaron una crisis y no creen que les vaya a pasar ninguna factura en las urnas, más al contrario.
Pero, más allá de esto, el Grupo Socialista no llevará una lista de reproches al Gobierno ni tampoco de exigencias, aunque sí quiere dejar clara una reclamación: que el Gobierno garantice con todos los medios que la jornada, inusualmente laboral, transcurra con normalidad y que todos los catalanes puedan participar.
¿Y las cargas del 1-O?
Más allá de esto, no se esperan grandes enfrentamientos. Una vez retirada su iniciativa para reprobar a Saénz de Santamaría por la gestión del 1-O y las cargas policiales, los socialistas pasan de puntillas sobre este asunto. Cuando el pasado lunes se le preguntó a la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, si saldrá a relucir este asunto ante la vicepresidenta en la 'comisión del 155', descartó que sea el momento, aunque añadió que «lo que pasó el 1 de octubre no le gustó a nadie» y dejó abierta la puerta a retomar el tema en el futuro, una vez pasen las elecciones.
Pero no parece que sea inmediato. Aunque es probable que el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, vuelva a defender que el Gobierno debería haber pedido "disculpas" por la manera en la que gestionó la jornada del reférendum ilegal, los socialistas quitaron de su foco a la 'número dos' del Gobierno, después de la polémica interna que generó aquella reprobación.
Por ahora, lo mantienen en el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien deberá acudir a la Cámara Alta, a petición de los socialistas para explicar las consecuencias de la "imprevisión e improvisación" con la que creen que el PP gestionó el 1-O.
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