De treta en treta. El Gobierno coló este jueves en el paquete de medidas anticrisis la derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reforzaba la suspensión de los procedimientos cuando los juzgados elevan cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Moncloa cede así al independentismo con una argucia para anular la norma que permitía, en teoría, paralizar la amnistía. En teoría, porque ya antes de que entrara en vigor, los tribunales ya suspendían por coherencia y jurisprudencia los procedimientos cuando se planteaban este tipo de cuestiones.
El problema es el camino que usa el PSOE para llegar a su objetivo. Los socialistas incurren en una práctica que ellos mismos ya denunciaron al Tribunal Constitucional: colar enmiendas sin relación con la ley para saltarse plazos parlamentarios y hurtar el debate a los diputados. El tribunal de garantías falló en 2011 que no puede haber “una absoluta desconexión” entre la ley principal y la enmienda. La sentencia otorgó el amparo demandado por los entonces senadores de la oposición socialista a quienes vio hurtada su capacidad de debatir el asunto.
Es más, los letrados del Congreso han dado esta legislatura algún que otro tirón de oreja al Gobierno por esto, ya que bordea los límites de la constitucionalidad. No es la primera vez que los socialistas recurren a este juego que reduce el trámite parlamentario y busca acelerar los tiempos. La única exigencia es que la enmienda ha de ser a una ley con el mismo rango que la que se quiere cambiar. Del ascenso arbitrario de la fiscal general Dolores Delgado al veto a la capacidad del Senado para vetar las cuentas generales del Estado. Estos son todas las 'jugadas' del PSOE.
Una reforma para ascender a Dolores Delgado
El PSOE introdujo hace dos años en la tramitación de la Ley Concursal una enmienda que no tenía nada que ver con el futuro de las empresas y sí con el de la entonces fiscal general del Estado. Con esa jugada los socialistas intentaron garantizar a Dolores Delgado el ascenso a la máxima categoría en la carrera fiscal cuando abandonara la cúspide del Ministerio Público. El Supremo ya ha revocado en dos ocasiones el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, después de que ya el pasado mes de noviembre anulara también su ascenso a fiscal de Sala de lo Militar.
Primer veto al Senado a través de la violencia de género
En 2018, el Gobierno usó el atajo de marras para asegurarse la reforma de la ley de Estabilidad, base de los presupuestos del Estado, saltándose el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los socialistas introdujeron una enmienda en otra norma ya en trámite en la Cámara. Y esa norma era la ley contra la violencia de género. Además, se registró en el Congreso in extremis, el último día de plazo.
Segundo veto al Senado con la ley de paridad
El Senado solo tiene la última palabra respecto al techo de gasto. Y el PP lo usó el pasado mes de marzo, cuando tumbó la senda de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo. Y eso que el palo en la rueda del PP implicaba una mayor constricción en el gasto público para sus comunidades autónomas.
Pero PSOE y Sumar volvieron a recurrir a la jugada clásica del parlamentarismo e impulsaron un cambio legislativo para quitarle a la Cámara Alta su capacidad de veto. Y para ello recurrieron al proyecto de ley de paridad. Así impidieron que el PP pudiera volver a echar para atrás el techo de gasto en los próximos meses, cuando el Ministerio de Hacienda tiene previsto promover unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
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