"El PSOE apoya y avala el acuerdo entre el PSC y ERC". Cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pronunció el sábado pasado esas palabras en Barcelona, buena parte de su partido, del que es vicesecretaria general, la dio por amortizada políticamente. Al menos, en su tierra. Hasta cuatro baronías socialistas consultadas por Vozpópuli admiten que la política andaluza "tiene muy difícil" volver a Andalucía tras defender el acuerdo que otorga la soberanía fiscal a la Generalitat de Cataluña. "No puede ir a allí tras defender la soberanía fiscal", explica un secretario de organización autonómico.
Ninguna de las fuentes consultadas en el PSOE tiene confirmación de que la titular de Hacienda se planteara volver a Andalucía, donde el actual secretario general, Juan Espadas, está cada vez más señalado por su cuestionable desempeño al frente de la federación socialista más grande. Es más, ella misma ha dejado entrever en alguna que otra ocasión que su vida está en Madrid. Pero es cierto que su nombre siempre estuvo encima de la mesa. Y su disposición, siempre al servicio del presidente del Gobierno.
En cualquier caso, el enfado de los militantes y cargos intermedios del socialismo andaluz con el pacto y con su exconsejera de Hacienda es monumental. El propio Espadas, obligado a no criticarlo abiertamente, ya fue tibio al conocerse cuando advirtió que los andaluces no deben ser menos. Aunque poco después le dio un voto de confianza a la espera de las explicaciones de la cúpula federal de su partido, que aún no ha dado detalle alguno.
Montero se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que ERC desgranó el acuerdo para investir a Salvador Illa. Pero el sábado, cuando acudió a la toma de posesión de su excolega en el Consejo de Ministros, no le quedó más remedio que defenderlo. Lo sangrante del asunto es que sobre ella pesa el eco de la hemeroteca, que recoge sus palabras rechazando, antes del acuerdo, cualquier posibilidad de ceder a las pretensiones de los soberanistas. Ese es el cuchillo político que tiene clavado.
El acuerdo, entre otras cosas, saca a Cataluña de la caja común, permite una Hacienda catalana que recaudará el cien por cien de los impuestos y no aclara qué parte de ese dinero revertirá luego a la caja común, quebrando el principio de solidaridad entre territorios. Todo eso tiene de uñas a las federaciones del partido, que esperan que el nuevo president de algún detalle más sobre el acuerdo que le ha encumbrando a lo más alto del la plaza de Sant Jaume.
Un histórico socialista dijo una vez que en el PSOE no se puede abrir un debate territorial sin sangre de por medio. Y eso es lo que se ha visto en la última semana. Hasta seis direcciones han pedido al todopoderoso secretario general que convoque un cónclave territorial para fijar una postura común sobre financiación autonómica. Nadie en el partido más allá del núcleo duro del líder tiene una copia del acuerdo. Ferraz ha dejado que la iniciativa la llevara ERC.
María Jesús Montero es la también todopoderosa mano derecha de Pedro Sánchez. La titular de Hacienda ha aglutinado un gran poder en los últimos años. No solo lidera el ministerio que reparte los fondos para todos los demás, sino que es vicepresidenta primera (lo que significa que preside el Consejo de Ministros cuando falta el presidente). Además es la número dos del PSOE. El líder socialista ha hecho de ella lo que Felipe González hizo de Alfonso Guerra.
Sánchez pescó a la ministra de Hacienda en 2018. Entonces llevaba cinco años trabajando en la Consejería de Hacienda a las órdenes de la expresidente (y actual senadora Susana Díaz). Pero ya estuvo en los gabinetes de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Montero, como la mayoría de los miembros de la federación andaluza en aquellos tiempos, era 'susanista'. Pero no tenía apenas peso orgánico. En estos años, Montero se ha ganado la confianza del secretario general del PSOE a base de negociaciones exitosas con un parlamento fragmentado. Pero ahora Sánchez parece haberle cerrado una puerta por mero tacticismo.
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