Pedro Sánchez lanza un envite y se apuesta el juego de la legislatura en su totalidad tras apenas 83 días en el cargo. El presidente del Gobierno ha decidido lanzar un envite a Carles Puigdemont: o 'traga' sin retocar la ley de amnistía y acepta explorar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que aún se "está trabajando" o Moncloa empieza a verbalizar "serias dudas" de que finalmente la medida de gracia, la clave de bóveda de la legislatura del PSOE y Sumar, vea finalmente la luz.
Los independentistas, según fuentes próximas al expresidente catalán consultadas por este diario, "están estudiando" la oferta de retocar la LECrim para limitar los plazos de instrucción de las causas judiciales. Pero en el Ejecutivo desconocen, por el momento, si Junts aceptará o no esta fórmula propuesta por el presidente del Gobierno para intentar blindar a Puigdemont y ganarse su 'sí' a la medida de gracia. Mientras, los fiscales del Tribunal Supremo asestaron este martes un golpe a Sánchez y avalaron la investigación al expresidente catalán por un supuesto delito de terrorismo.
Aunque eso ni preocupa en Moncloa ni ha provocado asombro alguno: "La decisión final la tiene quien la tiene... [en referencia al fiscal general, Álvaro García Ortiz]. El criterio final que tenga la Fiscalía no se puede anticipar. Ya veremos. Pero no causa sorpresa [la decisión de la junta de fiscales del Tribunal Supremo]", resumen en Moncloa.
Hay que mantener un equilibrio adecuadoFuentes gubernamentales
No obstante, lo cierto es que la situación se está enredando. Y así lo reconocen fuentes socialistas de alto nivel en el Ejecutivo. Estas mismas fuentes apuntan, encima, que el hipotético retoque de la LECrim es "complicado", porque debe moverse en un "equilibrio" difícil entre que los operadores jurídicos tengan tiempo para investigar y que esto no suponga arbitrio alguno para tener abierta una causa sine die. "Hay que mantener un equilibrio adecuado. Una cosa es que fiscales y jueces se tomen el tiempo necesario para desarrollar investigaciones complejas y otra cosa es que los procesos se alarguen y una persona no tenga derecho a una defensa efectiva porque se lleve dentro de un proceso penal quince años", zanjan estas fuentes.
Es decir, el mensaje del Gobierno a Waterloo es claro: Sánchez se está empezando a cansar de los bandazos y los recelos de Junts. Y aunque está mostrando empatía, no se va mover para cumplir las exigencias de Junts (el borrado de los delitos de terrorismo y traición de las exclusiones de la amnstía). De manera que si al final no hay acuerdo en el próximo mes y la ley no sale adelante "será una pena". Pero Sánchez, resume el núcleo duro del presidente, seguirá en Moncloa, donde ya se vislumbra incluso seguir la legislatura sin el apoyo de Junts.
Para empezar, los presupuestos, que ya están prorrogados, pueden seguir así durante todo este año. Hacienda no se ha puesto una fecha límite, mientras conversa con el resto de grupos, incluido Junts. El Ejecutivo, por tanto, ya comienza a desligar la aprobación de la amnistía de los presupuestos, como dejó claro que pasaría en un principio: "Técnicamente, no tiene ningún problema trabajar en prórroga [presupuestaria]", explican fuentes de Moncloa, que añaden: "Aparentemente, todavía, [Junts] no nos ha dicho que haya un problema de presupuestos sin amnistía. Seguimos hablando". Pero todo está en el aire. Y todo depende de que Puigdemont se convenza de que al final, tarde o temprano, podrá regresar a España sin temor a ser detenido.
Ingeniería jurídica en acción
El Gobierno es consciente de que, obviamente, no puede controlar a los jueces e intenta trasladárselo a Puigdemont. El Estado de derecho no puede vulnerarse. Pero en Waterloo creen que el PSOE ha intentado colarles un gol, porque consideran que sabían el hueco que se abría en la ley si se reabría la supuesta trama rusa del procés. Y, ante eso, Puigdemont no va a alumbrar, en modo alguno, una amnistía que le pueda llevar a la cárcel. Él, además, no quiere indulto; quiere la medida de gracia para pisar Cataluña después de casi siete años y emular al también expresidente catalán Josep Tarradellas.
El Gobierno se encuentra en una encrucijada. El cerebro jurídico de la amnistía, el ministro Bolaños, sigue a los mandos de la negociación con el equipo jurídico de Junts, liderado por su abogado, Gonzalo Boye, quien cree que si se vota la norma tal y como está, se verán afectados todos. Toca, pues, a Bolaños, tirar de ingeniería legislativa una vez más. Por el momento, las únicas pistas que lanza es que la ley "entró impecable y constitucional y así saldrá".
En plata: una vez más, Moncloa se abre a "mejoras". Pero extremando todas las precauciones posibles. Entre tanto, el tándem Moncloa-Ferraz prepara ya las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Esos comicios, los primeros desde que el presidente mostró su voluntad de amnistiar a los independentistas catalanes con tal de permanecer en el Ejecutivo, serán el primer test para calibrar el daño que la medida de gracia está provocando en las expectativas electorales del PSOE.
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