El debate presupuestario que está a punto de iniciarse ha vuelto a abrir una brecha dentro del Partido Socialista entre los partidarios de facilitar la aprobación de las cuentas de 2017 si el Gobierno cede a unas determinadas condiciones y los que defienden un ‘no’ rotundo a conceder este tipo de aval. En esta ocasión, los dirigentes favorables a sentarse a negociar con el equipo económico son los que más se juegan en sus comunidades autónomas. El PSOE gobierna ahora en las de Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, la Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias, en esta última todavía como muleta de Coalición Canaria, y sabe que necesita como agua de mayo no solo un nuevo modelo de financiación autonómica que le libere de la asfixia que padece en buena parte de estos territorios, sino también fondos para infraestructuras, políticas de empleo y servicios sociales que dependen, en buena medida, de los presupuestos estatales.
Las ocho comunidades en las que ahora gobierna el PSOE son las primeras en aspirar a nuevas inversiones en infraestructuras
“Lo más inteligente sería imponer al Gobierno duras condiciones con las que justificar nuestro apoyo al Presupuesto porque dando la espalda a una negociación tan importante no ganaríamos nada”, asegura uno de los diputados que recuerdan el error tan garrafal que cometió Pedro Sánchez cuando, en lugar de presentarse el pasado 1 de octubre ante el comité federal exigiendo rígidos requisitos para respaldar la investidura de Rajoy, optó por una estrategia que después le condujo a su caída como secretario general.
El escollo principal para el PSOE en el debate presupuestario, en ello está de acuerdo la mayoría de los diputados consultados, llegará con el debate de las enmiendas a la totalidad. Si los socialistas se suman al resto de la oposición y exigen la devolución del proyecto de ley al Consejo de Ministros, podrían poner al presidente del Gobierno en la tesitura de tener que amenazar con la convocatoria electoral. Este es el escenario más temido en las filas socialistas puesto que ni tienen candidato ni tampoco programa. Es una situación que puede acabar empujando al PSOE a sentarse a negociar, sabiendo que, posteriormente, durante el debate de las enmiendas parciales en el trámite de comisión, podrá obtener contrapartidas para las comunidades autónomas donde gobierna.
El PNV entrará en la negociación
En el Gobierno se considera seguro que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) entrará en esta negociación, certeza que sirve de pretexto al sector del PSOE contrario a bendecir los Presupuestos con el argumento de que los 137 votos del PP, los 32 de Ciudadanos, los cinco del PNV y el de Coalición Canaria, serán suficientes para sacar adelante las cuentas estatales sin necesidad de que los socialistas vuelvan a emitir la señal de que están entregados a Rajoy.
Un primer indicio de la actitud que adoptará el PSOE en este debate llegará pronto cuando tenga que aprobarse en el Congreso el techo de gasto para el año que viene, pues será la antesala de los Presupuestos. En el Gobierno se espera que la gestora socialista imponga a su grupo parlamentario una posición tan flexible como la que exhibió recientemente durante la negociación de la reforma de la ley de Estabilidad. Con ella, las comunidades han podido elevar el objetivo de déficit para este año al 0,7% y aumentar su gasto.
La mayor parte de los barones regionales se decantan por practicar una "oposición responsable"
Gracias a lo que se define por un sector del PSOE como una “oposición responsable”, las comunidades también han podido empezar a trabajar en los presupuestos regionales del año que viene, herramienta básica no solo para trazar sus objetivos políticos sino también para gestionar una deuda autonómica que supera en el conjunto del Estado los 270.000 millones de euros.
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