Ni un verano sin su incendio político. El PSOE se está chamuscando por el pacto fiscal suscrito entre Pedro Sánchez y ERC, cuyas bases votan este viernes. El acuerdo, entre otras cosas, saca a Cataluña de la caja común, permite una Hacienda catalana que recaudará el cien por cien de los impuestos y no aclara qué parte de ese dinero revertirá luego a la caja común, quebrando el principio de solidaridad entre territorios. Todo eso tiene de uñas a las federaciones del partido: “Tiene huevos que voten las bases de ERC y a nosotros ni nos pregunte”, se queja una veterana socialista.
Los compañeros en el PSOE de Salvador Illa, quien aspira a la presidencia de la Generalitat tras cerrar el pacto, esperan sus palabras como agua mayo, porque hay nerviosismo entre las direcciones federales y un gran mosqueo con lo que se sabe del preacuerdo. Los secretarios generales entienden que hasta que no vote la militancia republicana, Illa no diga nada. Pero todos advierten de que, en esta ocasión, el exministro tendrá tirar más que nunca de su faceta pedagógica para intentar calmar las aguas de un partido en ebullición.
Un histórico socialista dijo una vez que en el PSOE no se puede abrir un debate territorial sin sangre de por medio. Y eso es lo que se ha visto en las últimas horas. Hasta seis direcciones han pedido al todopoderoso secretario general que convoque un cónclave territorial para fijar una postura común sobre financiación autonómica. Nadie en el partido más allá del núcleo duro del líder tiene una copia del acuerdo. Ferraz ha dejado que la iniciativa la llevara ERC.
El interlocutor del Gobierno con los de Oriol Junqueras es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que está ya de vacaciones. Aunque el grueso de la negociación lo ha llevado el líder de los socialistas catalanes. Fuentes de la dirección del PSC explican que ahora toca ir "paso a paso" y reconocen que esa esperada pedagogía llegará. Pero nadie sabe cuándo. El PSOE, desde luego, parece haber traspasado la penúltima línea roja que le quedaba con el independentismo.
Y eso es lo que tiene al resto de socialistas españoles intranquilos. El presidente del Gobierno, que acostumbra a sacar pecho de haber entregado el partido a su militancia, pasa ahora de consultarla para sondear su opinión sobre el pacto suscrito con el independentismo catalán. Se da, además, la circunstancia de que el grueso del poder territorial en España lo tiene el PP. El golpe que sufrió el PSOE el 28-M del año pasado lo dejó fuera de juego en casi todas las comunidades que gobernaba excepto Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha.
Esa extrema debilidad del PSOE es la que lleva al presidente a hacer este movimiento de concesión sin apenas precedentes. La auténtica fortaleza del partido está en Cataluña. El PSC es el granero de votos que sostiene al Gobierno en Moncloa. Sánchez lo sabe y, por eso, está dispuesto a llevar a Illa a la Generalitat pese a que las consecuencias sean una voladura de la legislatura en Madrid que le lleve a la convocatoria adelantada de elecciones generales.
Como ya contó este diario, los socialistas en España se empiezan a mentalizar para un hipotético adelanto electoral si llla, finalmente, es investido 'president'. La planta noble de Ferraz salió preocupada tras el toque que les dio Carles Puigdemont tumbando este martes la senda de estabilidad presupuestaria. Poco a poco se extiende el convencimiento de que esta legislatura será una auténtica tortura para el PSOE. No porque Puigdemont vaya a derribar a Pedro Sánchez con una moción de censura. Es más, la cúpula del partido piensa que no tiene sentido ese extremo antes de que la amnistía esté atada y bien atada.
Pero sí que impedirán toda ley, todo proyecto. "Junts lo volará todo", explica una destacada socialista con cargo institucional. La llave del caos la tiene el expresidente catalán. Ante ese escenario, en el PSOE se empieza a vislumbrar la posibilidad real de que la salida de la legislatura del callejón sea una nueva convocatoria de elecciones. Moncloa, no obstante, confía en poder evitar la llamada las urnas.
En cualquier caso, en poco más de un año desde la noche electoral del 23-J, la situación del presidente del Gobierno dista un mundo del fervor y el entusiasmo con el que los socialistas salieron a la calle aquella tórrida noche electoral para festejar que el PP y Vox no sumaron la mayoría absoluta que predijeron casi todas las encuestas. No existen apenas precedentes de un deterioro político tan acelerado del jefe del Ejecutivo.
En este tiempo, su mujer, Begoña Gómez, ha sido imputada por la presunta comisión de dos delitos; él mismo está citado a declarar como testigo el próximo 30 de julio; se han sucedido informaciones sobre su hermano, David Sánchez, que son cada vez más incriminatorias y que también están siendo atendidas en un juzgado; ha sufrido el estallido de un caso de corrupción alimentado durante su presidencia que ha derribado a su ex mano derecha José Luis Ábalos; ha sido incapaz de armar unos Presupuestos para este año; tiene a sus socios en alerta y la ley de amnistía -el peaje que pagó para revalidar el Gobierno- no termina de carburar al estar su aplicación en manos de la Justicia.
