Fumata blanca. PSOE y PP han alcanzado este martes un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder (CGPJ) cinco años y medio después de que caducara su mandato. Este bloqueo inédito en democracia ha dejado al Tribunal Supremo (TS) al borde del colapso, sin capacidad para ejecutar nombramientos. La presión de la Comisión Europea y de la Sala de Gobierno del TS, que emitió un durísimo comunicado este lunes instando a ambas formaciones a rubricar el pacto, han sido fundamentales para que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se haya decidido a dar el paso. En Génova, no obstante, según declaró este mismo martes su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, consideran que se trata de un "muy buen acuerdo" porque "profundizará en la politización de la Justicia".
Y así ha sido. Ambos partidos han acordado la "renovación inmediata del CGPJ y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial", informan fuentes de Génova, que "serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio". Además, PSOE y PP han acordado "una composición absolutamente equilibrada del CGPJ, que contará con veinte nuevos integrantes", 10 conservadores y 10 progresistas. Ese renovado órgano de gobierno de los jueces será el encargado de redactar un proyecto de ley que avance hay "un nuevo modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ".
En el PP, además, celebran que "el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal". Algo que se hará por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. Otro de los puntos incluye la prohibición de lo que el PP denomina casos Dolores Delgado; es decir, la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado.
Como anunciaron esta mañana socialistas y populares, la reunión definitiva se ha llevado a cabo en Bruselas y no en Madrid. Un extremo que explica por sí sólo las dificultades atravesadas para materializar el pacto. Finalmente, la cuarta reunión entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, con la Comisión Europea como árbitro de las negociaciones ha sido la definitiva. En la foto, sin embargo, quedará para el recuerdo el rostro de Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión, y no el de Didiers Reynders, el comisario europeo de Justicia que presidió los tres anteriores encuentros.
La importancia política del acuerdo es máxima. Y no sólo por el conato de acercamiento entre los dos principales partidos en un momento de máxima tensión política. También por la espita abierta para acometer otras renovaciones de inminente necesidad, como en el seno del Banco de España, en el Consejo de Administración de RTVE, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), la futura Comisión Nacional de Energía o el magistrado del Tribunal Constitucional aún pendiente de renovar en el Senado. Fuentes de Génova consultadas por Vozpópuli, no obstante, desligan el acuerdo en el CGPJ al resto. "No cambiaremos jueces por banqueros", ilustraban hacen escasos días desde el entorno de Feijóo.
El órdago de Sánchez
Sánchez dio el pasado 12 de junio, en una entrevista en TVE, un ultimátum al PP para lograr la renovación del CGPJ. El presidente fijó el marco temporal: antes de "finales de junio". El líder socialista arremetió entonces contra la Justicia y los medios críticos una vez más.
El líder socialista amagó, de no haberse alcanzado el pacto, con emprender una propuesta que hubiera supuesto la revisión de la competencia del Poder Judicial de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores. El jefe del Ejecutivo, no obstante, explicó que no se iba a tratar de una modificación del sistema de mayorías para pasar de la mayoría absoluta a mayoría cualificada en la elección del CGPJ, un cambio con el que ya amagó y que le frenó Bruselas. Eso sí, aquel esbozo chocaba con el artículo 122 de la Constitución.
La Justicia tiene mucho que decir sobre la partida de ajedrez que el núcleo duro de Moncloa está jugando para que el presidente permanezca al frente del Ejecutivo sin sobresaltos. Y sus movimientos pueden poner en jaque al 'rey'. Sánchez afronta el avance de más de una decena de procedimientos en los tribunales que amenazan con poner contra las cuerdas su mandato. Sin olvidar la crisis abierta con el Poder Judicial, al que desde su Ejecutivo se ha señalado y acusado a lo largo de sus mandatos.
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