Ene, o. No. El PSOE se negó, al negociar con Sumar su plan de "acción por la democracia", a regular el papel de los cónyuges de quienes ostenten -ahora y en adelante- la presidencia del Gobierno, en este caso de Begoña Gómez. Según fuentes gubernamentales, los socialistas desecharon por completo esta posibilidad pese a que algunos socios de la coalición, como ERC, pidieron reglar la actividad de los familiares directos del presidente o presidenta del Ejecutivo para evitar que los jueces hicieran política. Los republicanos, además, solicitaron que se introdujera en el dichoso paquete de 'regeneración' que ha puesto cerco a la Prensa.
Cabe recordar que el PNV ya espetó a Sánchez, cuando compareció este verano en el Congreso para avanzar el plan que el Consejo de Ministros esbozó este martes, que "hay cosas que no se deben hacer" aunque "no las prohíba la ley". Todo un torpedo a la línea de defensa de Begoña Gómez construida por Moncloa, que está basada en una supuesta conspiración de la derecha judicial, política y mediática, alimentada con bulos, para derribar a Sánchez y su mujer. De ahí la necesidad de meter mano en la libertad de expresión y definir por ley qué es un medio y qué no.
Las fuentes consultadas en el Ejecutivo explican que regular el papel de los cónyuges de los jefes de Gobierno "es muy complicado". Llama la atención que el escándalo que afecta a Begoña Gómez fuera el detonante del plan orquestado por su marido, Pedro Sánchez, para poner coto a los bulos y regenerar la democracia. Pero que no sea el pretexto para poner luz y taquígrafos a la actividad de quienes viven en la residencia oficial de la Presidencia del Gobierno.
Lo cierto es que dicho marco normativo podría evitar situaciones como la que está viviendo el matrimonio Sánchez-Gómez. España carece de regulación que establezca los límites de actuación a la pareja de quien ostenta la presidencia del Consejo de Ministros. Aunque tampoco hay legislación específica sobre el rol institucional del Rey, cuyos derechos y obligaciones están en recogidos en la Constitución sin mucho más detalle que los que fija el título segundo.
En cualquier caso, la actividad privada de la Moncloa no es pública. Y eso es una obviedad por mucho que Moncloa lleve meses repitiendo machaconamente que la agenda del presidente del Gobierno "nunca es secreta". Si bien es cierto que los detalles de las personas que acceden al Palacio presidencial se anotan en un registro, este no es de dominio público. Y si trascendieron los encuentros del empresario Juan Carlos Barrabés con Begoña Gómez y el presidente en Moncloa es porque lo comunicó él mismo en sede judicial, en respuesta a las cuestiones del togado encargado de la investigación.
El más problemático de todos los frentes de Sánchez es el que afecta a su esposa. Este procedimiento es el más reciente. Desde que la causa echó a andar, el pasado el 16 de abril, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, apuntó la condición de investigada de Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las cartas de apoyo que redactó al citado empresario, quien impulsó el máster que Gómez dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
A poco que se comenta la situación de Pedro Sánchez con algunos diputados a las órdenes de Ferraz, estos reconocen la "extraordinaria dificultad" del panorama que enfrenta el presidente del Gobierno. Y pronto asaltan las dudas. Es más, hay sectores del PSOE que no salen de su asombro ante las escenas que el matrimonio presidencial ha ofrecido a los ciudadanos desde los cinco días de abril en los que Sánchez se planteó si renunciar o no y avisó de ello a los españoles por carta. “Es increíble”, se explaya una de las fuentes consultadas, conocedora desde hace años de la interna socialista desde la atalaya de altos puestos de responsabilidad.
De la misma manera, no se comprende en las filas del partido que el PSOE no haya sido capaz de explicar, al menos convincentemente, por qué y en calidad de qué Begoña Gómez se vio en el Palacio de La Moncloa en ocho ocasiones con el empresario y socio suyo Carlos Barrabés -y en dos de ellas con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-. Toda explicación de fuentes de la ejecutiva del partido se resume a que los tres "se conocen". Pero nada de eso será objeto del plan de "acción por la democracia". El PSOE no quiere.
