Resuelta la cuestión de la rebelión, el debate jurídico en torno a la entrega del expresidente catalán, Carles Puigdemont, se centra ahora en el delito de malversación de caudales públicos por el que también le reclama España. En este escenario, sus abogados se afanan en convencer al tribunal alemán de Schleswig-Holstein que su cliente no intervino en el pago de los gastos del referéndum del 1-O y que los que tuvieron lugar no procedían de dinero público, sino de "medios privados".
Según informan fuentes de su defensa a Vozpópuli, preparan una batería de documentación para tratar de acreditar este extremo y esperan a que la Fiscalía alemana, en colaboración con la española remita al tribunal la documentación adicional que le ha reclamado para aclarar sus dudas respecto a la reclamación por malversación.
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Pablo Llarena, cifró en 1,6 millones de euros el dinero público empleado para el referéndum. Lo desglosó además en diversas partidas: la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto (224.834,25 euros); la campaña de publicidad y difusión del referéndum (277.804,36 euros); el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones para las mesas electorales (979.661,96 euros) y la participación de observadores internacionales (119.700 euros).
Los abogados de Puigdemont asumen que el tribunal integrado por tres magistrados también entrará en el fondo de los hechos sobre la malversación como hizo con la rebelión. En ese sentido, apuntan a que Llarena, con su auto, limitó los argumentos de la Justicia española solo al desglose indicado, basado en informes policiales. A su juicio, si el magistrado español lo hubiese dejado abierto o hubiese aplazado el procesamiento, tendrían más complicaciones para negar la malversación.
Más indicios de la Guardia Civil
De hecho Llarena, poco antes de dictar su auto de procesamiento decidió abrir una pieza secreta para seguir investigando todo lo relativo al presunto desvío de fondos públicos . Por otra parte, la investigación de la Guardia Civil sigue aportando datos a este respecto. Según informa Europa Press, el Instituto Armado ha descubierto analizando el correo de Josep Maria Jové, el exnúmero dos de Oriol Junqueras (ERC) en la Consellería de Economía, que este exalto cargo del Govern realizó diferentes gestiones para aprobar una transferencia por valor de 3,4 millones de euros para campañas publicitarias del referéndum independentista del 1-O. Así viene reflejado en el informe con fecha de 19 de marzo de 2018 que el Instituto Armado ha remitido al juez de instrucción número 13 de Barcelona.
Según el auto del tribunal alemán del pasado jueves, el propio Puigdemont ya avanzó en la vista ante el tribunal de primera instancia cuando fue detenido que el dinero procedía de “medios privados”. La justicia española había alegado que el Parlament aprobó una Ley de Presupuestos en la que se incluía una partida para los gastos de la consulta, algo que luego anuló el Tribunal Constitucional.
Añadía la euroorden de España que el Gobierno autonómico, con la participación de Puigdemont, también dio luz verde a los gastos para el 1-O. Estos son los elementos para la petición de entrega por un delito de corrupción en forma de malversación de caudales públicos dado que el referéndum había sido declarado inconstitucional previamente.
"No queda claro"
El auto alemán -adelantado por La Vanguardia- dice que en lo referente a la malversación, la reclamación “no es inadmisible”, aunque acto seguido matiza: “al menos de entrada”. Añade que la documentación remitida hasta ahora por las autoridades españolas (el auto de procesamiento y un informe complementario) no contiene una “descripción suficiente” de los hechos que se le imputan a Puigdemont.
Por ello ha dado la posibilidad a las autoridades españoles de remitir información adicional, algo que no consideró necesario en lo relativo a la rebelión. Una vez la Fiscalía mueva ficha, los abogados de Puigdemont harán lo propio presentando su nueva batería de documentación, según estas fuentes.
Dice que “no queda claro si el reclamado instó” a llevar a efecto los gastos del referéndum. Tampoco queda aclarado “si el Estado tuvo que hacerse cargo realmente de estos costes”. El tribunal quiere saber además si las leyes españolas penalizan “el mero hecho de contraer las obligaciones financieras sin que se hayan realizado pagos efectivos”. En ese sentido, las fuentes jurídicas consultadas indican que su estrategia también pasa por demostrar ante el tribunal alemán que en España no está penada la malversación en grado de tentativa y que el Gobierno de Puigdemont no llegó sufragar con dinero público los gastos de la consulta.
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