Mes de noviembre de 2023, el PSOE y Junts firman un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de crear una ley de amnistía que exonere a los condenados o procesados por delitos relacionados con el 'procés'. Lo que vendría en los siguientes meses ya es de sobra conocido, las llaves de La Moncloa volvían a manos del líder socialista a cambio de siete votos que traerían consigo una complicada y conflictiva tramitación de la ley de la amnistía en el Congreso de los Diputados. Semanas de protestas frente a Ferraz y hasta el paso de los especialistas de la Comisión de Venecia por las calles de Madrid, fueron algunas de las consecuencias de la norma impulsada por Sánchez y sus socios.
Presentación de diversas enmiendas y escribir y reescribir hasta el último detalle para diseñar un texto a la medida de Carles Puigdemont. Finalmente, el Gobierno cruzó su línea roja y el terrorismo fue incluido con calzador en la norma. "La ley de amnistía no deja a nadie atrás", decía el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Sin embargo, dos meses después de su aprobación en el BOE, la norma impulsada por los socialistas no ha logrado los efectos que se pretendían con su creación: el 'hijo prófugo' volvió a casa pero con billete de vuelta a Waterloo.
Una vez pasado el plazo de dos meses marcado por el Gobierno para la aplicación de la amnistía, apenas un centenar de personas han sido amnistiadas, entre las que destacan los agentes de Policía procesados por los disturbios en Barcelona. La realidad es que a pesar de los esfuerzos de los de Sánchez por diseñar una norma a la medida de sus socios, cientos de independentistas siguen a la espera de ser amnistiados. La respuesta por parte de jueces y tribunales no está siendo la esperada, ya que gran parte de las causas se están viendo retrasadas por la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante Europa.
Entre los grandes perdedores del acuerdo de investidura con el Gobierno de Sánchez destacan, precisamente, las caras más reconocibles del Govern. A la cabeza de esta lista se sitúan tres expresidentes, Carles Puigdemont, Quim Torra y Artur Mas, seguidos de figuras como Josep María Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga.
Delito de malversación
Por el momento, Carles Puigdemont se ha convertido en el principal derrotado tras la aprobación de la amnistía. Las dudas jurídicas que rodean a la amnistía respecto a los delitos de malversación y terrorismo han dejado al líder de Junts sin la posibilidad de permanecer en España más de unas pocas horas, sobre él pesa aún una orden nacional de detención.
El juez Llarena rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación al entender que sí hubo enriquecimiento personal respecto a los actos atribuidos a los líderes independentistas. Tras el recurso presentado por la Fiscalía y las defensas, Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig tendrán que esperar al pronunciamiento de la Sala de Apelaciones y, en última instancia, al Tribunal Constitucional.
Por el momento, también se quedan fuera los líderes independentistas ya condenados: Oriol Junqueras, Jordi Turrull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Y es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó también promover una cuestión de inconstitucionalidad al órgano presidido por Conde Pumpido respecto del delito de desobediencia.
El delito de desobediencia y la causa que apartó a Quim Torra
La estrategia adoptada por el alto tribunal es similar a la que ya han puesto sobre la mesa algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque el TSJ catalán sí se haya decidido amnistía el delito de malversación en diferentes causas. Este es el caso del expresidente catalán Quim Torra y los exdiputados del Parlament Pau Juvillà (CUP) y Bernat Solé (ERC), después de que la Sala Civil y Penal del TSJC acordara elevar sus causas al Constitucional ante las dudas de que la aplicación de la ley de amnistía vulnere derechos constitucionales.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ven amnistable la condena de inhabilitación impuesta a Torra tras negarse a retirar pancartas y lazos amarillos en señal de apoyo a los líderes independentistas condenados por el procés, aunque plantean elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este proceso puede alargar la causa que acabó con el paso del líder de Junts al frente del Gover durante meses e, incluso, años. No obstante, el siguiente paso a seguir será batallar en apelación.
Los cerebros del 'referéndum'
El caso de Josep María Jové y Llúis Salvadó, conocidos como los arquitectos del referéndum del 1-O discurre por un camino casi idéntico. La mano derecha de Oriol Junqueras (conocido como el hombre de la Moleskine, por anotar en una agenda todas las reuniones y encuentros que sirvieron como hoja de ruta para preparar el referéndum) y el exsecretario de Hacienda continúan a la espera de que se celebre el juicio aplazado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona.
Después de que la estrategia de ERC de atenuar las consecuencias legales del procés mediante la reforma del Código Penal fracasara al mantenerse la imputación por malversación en su modalidad agravada, tendrán que esperar ante las dudas planteadas por el TSJ catalán ante el Tribunal Constitucional para que la Justicia dé carpetazo a su caso. Los delitos por los que fueron acusados son desobediencia, prevaricación administrativa y malversación agravada.
Cuestión prejudicial ante el TJUE
Otras de las principales causas que los independentistas pretendían archivar es aquella que sigue el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, contra los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). En esta ocasión, el juez plantea acudir a la justicia europea para que se posicione sobre si amnistiar delitos de terrorismo atenta o no contra el derecho comunitario.
El Tribunal de Cuentas fue el primer órgano en apostar por esta vía y presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Entre los protagonistas de procedimiento abierto por los gastos millonarios del 'procés' destaca el expresidente catalán Artur Mas, por la consulta independentistas del 2014, acompañado de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras por los gastos del 1-O.
Los artículos cuestionados por el órgano fiscalizador son los relativos a la "lucha contra el fraude y toda la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE". Unos preceptos relacionados con el principio de cooperación legal, principios de igualdad, de no discriminación, seguridad jurídica o principio del Estado de Derecho. En juego, más de 3,4 millones de euros por los gastos del 'procés' con dinero público.
Panorama judicial de Puigdemont
El futuro procesal de los líderes independentistas aún es incierto, no obstante, lo que sí está claro es que los efectos de la amnistía no serán visibles de manera inmediata. Entre los frentes que tendrá que sortear Puigdemot es la instrucción dirigida por el juez Joaquín Aguirre respecto a la trama rusa del procés.
También en Barcelona se sigue la causa con la que empezó la investigación del procés. El Juzgado de Instrucción Número 13 de la ciudad condal mantiene abierto un procedimiento que dura ya siete años sobre los preparativos del referéndum del 1-O. En este caso permanecen como investigados 24 exaltos cargos del Govern de Puigdemont, empresarios y los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio.
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