Aumenta la escalada de tensión entre la Generalitat y el Gobierno central. El presidente Carles Puigdemont ha retado este mismo martes al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que aclare si "está dispuesto a utilizar la fuerza contra Cataluña" para impedir la celebración de un referéndum de independencia.
Y lo ha hecho en sede parlamentaria, durante la sesión de control en el pleno del Parlament. Tras la denuncia del presidente del grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, por la "escalada de declaraciones" de los ministros del Gobierno, Puigdemont ha asegurado que las advertencias del Ejecutivo central no le "disuaden" en su hoja de ruta. Es más, ha dicho que le "animan" para seguir con los preparativos del referéndum.
Pero sí que ha dejado entrever cierta preocupación. "Cuando el Estado español dice que está dispuesto a todo y comienzas a repasar la tradición en la política española, es cuando te empiezas a inquietar", ha dicho Puigdemont. En ese momento, el presidente catalán ha lanzado su dardo hacia el Gobierno: "¿Está dispuesto el Estado español a utilizar la fuerza contra Cataluña?".
Por otra parte, Puigdemont envió el pasado lunes a la Comisión de Venecia -que depende del Consejo de Europa- una carta en la que daba cuenta de su apuesta por celebrar un "referéndum acordado". "Desgraciadamente, el presidente Mariano Rajoy ha contestado negativamente a la oferta de diálogo", resalta el presidente catalán en la misiva.
Puigdemont lo hace en virtud del la moción aprobada el pasado 18 de mayo por el Parlament, con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y Catalunya Sí Que Es Pot, para emplazar al Govern a buscar el "asesoramiento, reconocimiento y aval" de este organismo a la convocatoria de un referéndum. La moción pedía buscar el reconocimiento internacional al referéndum e interpelar a la Comisión de Venecia sobre las condiciones que debería cumplir la cita.
Puigdemont destaca que la trayectoria y experiencia de la Comisión de Venecia para "reforzar las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos" representan "una garantía a la hora de afrontar estos procesos". En todo caso, el referéndum choca con el 'Código de Buenas Prácticas sobre referendos' del propio organismo, pues es requisito que la consulta se ajuste a la legalidad vigente y a la Constitución.
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