Carles Puigdemont tiene a Pedro Sánchez colgando en sus manos. Es más, le está sometiendo. El expresidente catalán tiene paralizada la agenda legislativa del Ejecutivo. En privado, cargos gubernamentales y destacados dirigentes socialistas reconocen que el presidente del Gobierno no pudiendo desplegar su arsenal de decretos por la inestabilidad de la mayoría que le dio la investidura. Puigdemont no hace más que poner precio a cada paso de Moncloa. Por el momento, el líder de Junts exige una foto con Sánchez que, según desveló este jueves el secretario general, Jordi Turull, está pactada desde hace un mes. Ni el PSOE ni el Gobierno confirman que se vaya a producir pronto. Pero tampoco niegan que no vaya a suceder. Y así se va a pasar el tiempo estos cuatro años.
"Esta es una legislatura más de gobernar que de legislar", explica un senador socialista con asiento en el comité federal del partido. "Ya nos avisaron [desde Moncloa] que estos años bajaría la actividad legislativa", zanja un barón territorial. El problema es que por ahora Moncloa solo ha lanzado la ley de paridad, en el cajón desde hacía meses por la convocatoria de elecciones. Y tiene previsión, si llega, de prorrogar el decreto anticrisis por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Pero poco más. Todo un contraste respecto a los siete decretos de su primer trimestre al frente del Gobierno, en 2018. Sánchez no está pudiendo despejar la amnistía con medidas efectistas.
En verdad, hace tiempo que el PSOE dio comienzo a la operación blanqueo de Puigdemont en previsión de que los votos de Junts pudieran ser determinantes para revalidar la coalición. Y para sostenerla.
Cabe recordar que el propio número tres de Ferraz, el secretario de organización, Santos Cerdán, tuvo su primer contacto con el expresidente de la Generalitat en marzo, cuatro meses antes de las elecciones del 23-J. Y en todo este tiempo Cerdán se ha visto en varias ocasiones con él. La última, al menos que haya trascendido, fue el pasado 2 de diciembre en Ginebra (Suiza) junto al diplomático salvadoreño Francisco Galindo -el famoso mediador-. Pero ahora es el Gobierno el que va un paso más allá.
Moncloa no descarta la foto
No solo porque el equipo de Sánchez no descarta tajantemente la foto con Puigdemont, sino porque Moncloa lleva varios días emitiendo un mensaje directo cargado de significado. "Sin estar todavía aprobada [la ley de amnistía], hay efectos positivos que son claros. Todos los actores [en referencia a Junts, el partido de Puigdemont] estamos bajo el mismo paraguas: la política. Y bajo el mismo mecanismo: el diálogo, la Constitución y mejorar la convivencia", precisa una fuente del núcleo duro del presidente. En el PSOE emiten la misma opinión. "Solo el hecho de que ellos se sienten a negociar de política española es un logro impresionante", explica un destacado socialista. Pero la foto tendrá que esperar.
Hasta el momento, solo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha reunido con luz y taquígrafos con Puigdemont. La foto, que se hizo en verano, molestó en Moncloa, porque dio al traste con la estrategia del PSOE. Entonces, Ferraz comenzaba a contemplar la posibilidad de sentarse con el expresidente catalán. Y Díaz, necesitada de foco mediático, acudió a la llamada de Puigdemont.
"No hay nada en agenda", sintetizan fuentes oficiales de Ferraz para desechar el encuentro con Puigdemont. El mismo presidente, en Bruselas, dijo este jueves que no contempla esa cita. Al menos por ahora. Y que solo piensa en su reunión del próximo 21 de diciembre con el presidente catalán, Pere Aragonès. "Mi agenda es pública. Es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat", explicitó el propio Sánchez.
El PSOE transita la senda de lo desconocido
No hay que olvidar que Puigdemont ya pidió a Sánchez un emisario de mayor categoría que Santos Cerdán para hacer público el acuerdo de investidura con el PSOE, especialmente tras el encuentro que tuvo con Yolanda Díaz. El líder independentista quería entrevistarse con un ministro socialista. Pero Ferraz, entonces, no cedió y, finalmente, le "tocó" a Cerdán. El PSOE pasó entonces un "mal trago" por aquella estampa con la urna del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Aunque en Ferraz ya se trabaja con el convencimiento de que ninguna imagen puede perjudicarle lo suficiente. Casi todo vale, piensan, por evitar un gobierno del PP.
El PSOE está dispuesto a seguir transitando la senda de lo desconocido con Junts. El hipotético encuentro entre Pedro Sánchez y Puigdemont da cuenta de ello. No solo porque el partido sigue manteniendo en secreto el contenido de la última cita entre Cerdán y Puigdemont, sino porque cualquier futuro acuerdo que se materialice entre ambas fuerzas pondrá en jaque el pacto constitucional de 1978, ya que los independentistas no se apean de una consulta sobre el futuro político de Cataluña y el PSOE se abre a explotar las posibilidades del Estatuto de 2006, que puede incluir una votación sobre el encaje catalán en España, según se desprende del acuerdo de investidura.
Mientras tanto, los de Puigdemont no hacen más que incordiar. Junts señaló en el Congreso los objetivos por lawfare: jueces como Manuel Marchena o Pablo Llarena, coroneles como Diego Pérez de los Cobos o periodistas como Ana Rosa Quintana. Todo un escándalo. La portavoz, Miriam Nogueras, enumeró una larga lista de supuestos "togados franquistas" que cree vinculados, de alguna forma, en la llamada operación Cataluña. Todos ellos, según Nogueras, fabricaron, distribuyeron o difundieron pruebas e informes falsos sobre políticos separatistas. El lío ha llevado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al de Justicia, Félix Bolaños, a tildar de "inaceptable" sus ataques ante la presión de la Judicatura, encabezada por el presidente del Tribunal Supremo.
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