Pumpido censura los votos críticos en la nota de prensa de los ERE

Fuentes próximas al Tribunal Constitucional (TC) denuncian la "censura" tras conocer la decisión adoptada por Cándido Conde-Pumpido de "silenciar", en la nota de prensa posterior al Pleno celebrado este martes, las razones por las que cuatro magistrados se han opuesto a votar a favor de la ponencia con la que su número dos, Inmaculada Montalbán, absolvía la malversación cometida por otro alto cargo socialista en el fraude de los ERE de la Junta de Andalucía, el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. Según ha podido saber 'El Debate', al presidente de la Corte de Garantías no le habrían gustado las alegaciones reflejadas por estos mismos magistrados –los miembros del bloque profesional, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez, César Tolosa y Enrique Arnaldo– en la comunicación posterior al fallo que retiró la condena por prevaricación a la entonces exconsejera Magdalena Álvarez, la semana pasada. Unas razones que ha llegado a tildar de improcedentes e inapropiadas y, a su juicio, "inasumibles" en los comunicados institucionales.

Conde-Pumpido habría afeado, para justificar el veto, que algunas de las consideraciones contenidas en el texto sobre el recurso amparado a la exministra Álvarez, hicieron referencia al "tono reprobable" que se utilizó en la resolución dictada "para descalificar la actuación tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Provincial de Sevilla". Tampoco habría encajado bien el veterano jurista que se pusiese de manifiesto la incoherencia de la Fiscalía que, si bien en esta ocasión se mostró favorable al borrado penal de las condenas anteriores, confirmadas por el Supremo en los recursos de casación planteados por los expolíticos andaluces, ante el Alto Tribunal pidió exactamente lo contrario. Una posición jurídica de la que, a juicio del presidente del TC, el Ministerio Público "no se ha podido defender".

Y ahora, Conde-Pumpido ha tomado la determinación, inédita hasta la fecha en el seno del Tribunal, de no dar publicidad a los argumentos contrarios a la opinión jurídica de la mayoría izquierdista, de ahora en adelante, hasta que los votos particulares se hayan redactado y firmado, momento en el que se les dará difusión en su totalidad.