El 27 de octubre de 2014 los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedieron a la detención de Francisco Granados, que hasta ese momento lo había sido todo en el PP madrileño e incluido a nivel nacional: ex secretario general del PP madrileño, exconsejero en varios de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y exsenador.
Cinco años después, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, tendrá que decidir si llama a declarar como investigada a la propia Aguirre, la persona que ejercía un férreo control de la Comunidad de Madrid que dirigió con mano de hierro desde 2003, con el tamayazo que impidió un Gobierno del PSOE, hasta su dimisión en 2012.
Sin embargo, cuando los agentes llevaron a cabo el arresto, Granados ya no formaba parte de la Cámara Alta, pues había dimitido al conocerse que durante años, y de la mano del empresario David Marjaliza, había dispuesto de dinero en Suiza al margen de la Hacienda española.
'Caso del ático'
En ese año, en 2014, hacía ya dos años que Aguirre se había apartado de su cargo de presidenta madrileña, aunque mantenía el de presidenta del PP. Y en la Comunidad, su delfín Ignacio González comenzaba a tener problemas con la publicación en la prensa con el caso del ático de Estepona.
Aguirre, con su gracejo castizo, trató de restar importancia a las personas de sus equipos que habían sido imputadas. "He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana", llegó a espetar la expresidenta en referencia al mencionado Francisco Granados, ya condenado a dos años de cárcel por el chivatazo de la Púnica; y al exviceconsejero Alberto López Viejo, que permanece en prisión tras condenado a 31 años y seis meses de cárcel por el caso Gürtel.
Sin embargo, el estanque de ranas de Aguirre no ha dejado de crecer con el paso de los años y la acumulación de imputados en Gürtel, Púnica y Lezo. Este último caso fue el que dejó más tocada a la todopoderosa Aguirre, que en algunos medios de comunicación aparecía como la sucesora a Mariano Rajoy, que había perdido las elecciones de 2004.
Dejó el Ayuntamiento
En abril de 2017 Ignacio González fue arrestado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Y Aguirre, que en 2016 ya había abandonado la presidencia del PP madrileño, también tuvo que apartarse del Ayuntamiento de Madrid, en dónde era la jefa de la oposición del grupo municipal del PP.
En estos cinco años, el número de excargos del PP de Esperanza Aguirre imputados se ha multiplicado de forma exponencial. A los mencionados Ignacio González, Francisco Granados y López Viejo se han añadido, entre otros, la también expresidenta Cristina Cifuentes (a quien anticorrupción también quiere imputar por la financiación ilegal del PP); los exconsejeros Salvador Victoria y Lucía Figar; el exdiputado Borja Sarasola; y el exgerente Beltrán Gutiérrez Moliner, ya condenado a nueve meses de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.
Este agosto, la Fiscalía anticorrupción ha pedido que Aguirre declare como imputada después de que el exconsejero Manuel Lamela y la ex jefa de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego la situaran al frente de reuniones de la Comunidad de Madrid con el dueño de la firma Swat, Juan Miguel Madoz, acusado de financiar las campañas del PP madrileño por la Guardia Civil.
Así, el juez Manuel García-Castellón tendrá que decidir en los próximos días si investiga a Aguirre, y pasa definitivamente a formar parte de este estanque imaginario de ranas de la corrupción, como así lo definió la propia expresidenta madrileña.
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