La parsimonia de Mariano Rajoy empieza a sacar de quicio a los españoles, que en las últimas 48 horas han vivido sensaciones encontradas: el martes por la noche recuperaban cierta tranquilidad al escuchar al Rey dejar claro que "es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones".
Todo el mundo quiso ver un antes y un después tras esas palabras, el inicio más pronto que tarde de la respuesta de Gobierno, jueces y cuerpos policiales a la "deslealtad" de los gobernantes independentistas que denunció el monarca. Y esa sensación se mantuvo hasta las 8:00 de ayer, miércoles, cuando la Audiencia Nacional anunció que el major de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero, y los presidentes de la Asamblea Nacional catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están imputados por un presunto delito de sedición en la jornada del referéndum ilegal del domingo.
Pero, a medida que avanzaba la jornada, la actualidad volvió a llenarse de silencio oficial mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, mostraba su "preocupación" por lo que está sucediendo, la Bolsa caía un 2,85%, y Catalonia seguía siendo portada por tercer día consecutivo en los medios internacionales más influyentes.
En esta tensa espera hasta que el lunes el Parlament promulgue la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la respuesta a la pregunta "¿Qué está haciendo el Gobierno?" llega con cuentagotas: datos poco trascendentes, más allá de que el Ministerio del Defensa ha enviado un convoy de 12 camiones y tres vehículos ligeros del Ejército de Tierra (con literas, cocinas, taquillas, etc) para los policías y guardias civiles alojados temporalmente en cuarteles de Cataluña.
Lo realmente mollar se está cociendo entre bambalinas y tiene a la Iglesia y a Podemos como protagonistas. Todo comenzó con un almuerzo de Rajoy con los cardenales arzobispos de Barcelona y Madrid, Juan José Omella y Carlos Osoro, el martes en La Moncloa, después de estar con el Rey preparando su discurso televisado a la nación esa noche.
La Iglesia y Podemos intentan mediar pero el Gobierno se niega tajantemente a sentarse ya con Puigdemont porque "no se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado"
Tras esa comida, en la que no estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Blazquez, por el enfado del presidente con la tibia nota de la CEE respecto a lo que ocurre en Cataluña, Omella se reunió ayer en Barcelona con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; y Osoro, por su parte, habló por teléfono con Pablo Iglesias, quien desveló el sentido de tanto frenesí de encuentros: ofrecerse también él de mediador.
El líder morado telefoneó al jefe del Ejecutivo para postularse, pero Rajoy le cortó enseguida con el argumento de que "Lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la DUI, que eso no es negociable; que no se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado", aseguraban a media tarde fuentes gubernamentales.
El presidente niega así ya a Puigdemont el carácter de interlocutor después de que el Rey denunciara el martes por la noche su deslealtad y la de Junqueras. Ya por la noche, tras el discurso del presidente de la Generalitat, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, enterraba definitivamente la propuesta: "No vamos a negociar ninguna ilegalidad, ningún chantaje", al tiempo que le trataba como a un forajido: "causa sonrojo" el ataque al rey de alguien que está "contra la ley".
Iglesias telefoneó al jefe del Ejecutivo para postularse para mediar, pero Rajoy le cortó: "Lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la DUI, que eso no es negociable"
El problema es que los tiempos del Gobierno están permitiendo a Junts pel Sí y a la CUP imponer su relato de un conflicto entre dos Estados, algo que nunca podrá aceptar España: negociar con una parte de sí misma. Por lo pronto, no sólo Podemos y la Iglesia brindaron una pista de aterrizaje ofreciéndose como mediadores; también lo ha hecho el lehendakari, Íñigo Urkullu, en una carta que ha remitido al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker. Hasta el Fútbol Club Barcelona se ha ofrecido, creando así un clima propicio para un Puigdemont que en su discurso de anoche a los catalanes se apresuró a aceptar "la mediación" de Podemos.
No es descartable, por tanto, que, si desde hoy y hasta el próximo lunes, fecha en la cual el Parlament aprobará la declaración de independencia a ojos del mundo entero, Rajoy no pone en marcha iniciativas de desalojo de Puigdemont y los suyos de la Generalitat, la posición del Estado sea vea más comprometida no ya internamente sino internacionalmente.
Eso, precisamente, produce exasperación en amplios sectores de una población que escuchó al Rey otra cosa el martes y que está convocada este sábado, a las 12.00, a manifestaciones ante todos los ayuntamientos de España y en la Plaza de Colón en Madrid, en defensa de la Constitución y por la unidad del país.
Enfrente, a la misma hora, habrá otra convocatoria a manifestarse de blanco, o portando un cartel blanco, contra los políticos que "han sembrado odio, nos enfrentan y dividen". Piden una tercera vía, una solución dialogada al conflicto como están patrocinando Podemos y la Iglesia.
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