Rajoy se reunió en la noche del martes con Pedro Sánchez. Conversó telefónicamente con Albert Rivera. Objetivo: adoptar medidas drásticas para frenar el golpe de Estado que impulsan los grupos secesionistas catalanes. La respuesta será contundente. Implacable. "No se puede dialogar con quien se sitúa fuera de la ley", señaló la vicepresidenta del Gobierno en su comparecencia en Moncloa. La gran farsa de Puigdemont, de airear la DUI para luego suspenderla y chantajear al Gobierno con una negociación imposible, no le va a funcionar.
El frente democrático del Congreso apoya a Rajoy. No ha habido apenas fisuras, salvo algunas dudas en el PSOE tras el 1-O y las escenas de la actuación policial. Puigdemont ha culminado en el Parlament su golpe de Estado 'por plazos' o 'en diferido'. Han saltado todas las alarmas y Rajoy está decidido a acabar con el 'in crescendo' secesionista. El 155 vuelve al primer plano. Quizás para recurrir a él en las próximas horas.
La aplicación del artículo 155, diseñado para situaciones "extremas" ante el incumplimiento de las obligaciones de la Carta Magna por parte de una comunidad, requiere un tratamiento complejo. El Gobierno se reúne en Consejo y envía un requerimiento a las autoridades de la región que incurra en desobediencia. Caso de que el apercibimiento sea desoído, el Ejecutivo celebra otro Consejo para comunicar al Senado las medidas que se han de adoptar, en forma muy precisa. La Mesa de la Cámara Alta remite este material a la Comisión de Comunidades, que de nuevo requerirá al presidente infractor, le señala un plazo y, en caso de que no responda, la comisión da el visto bueno y el Senado aprueba la medida por mayoría absoluta.
Cinco días bastan para redondear la operación según los expertos. Quizás menos. El ultimátum a Puigdemont para que modifique su actitud se limitaría a 48 horas. Sería éste el procedimiento más ortodoxo ya que se trata de un artículo de la Constitución que está inspirado en la Ley Fundamental de Bonn. Garantías democráticas y posible aceptación en Bruselas. Este artículo es muy genérico y amplio. Permitirá al Gobierno central suspender en sus funciones al presidente señalado, a su Govern y clausurar el Parlament. No hay límites temporales en su vigencia.
Cinco días bastan para redondear la operación según los expertos. Quizás menos. El ultimátum a Puigdemont para que modifique su actitud se limitaría a 48 horas
Otra opción que se baraja, mucho más contundente y que podría provocar quizás una reacción social en Cataluña algo más airada, es el artículo 116, que contempla tres supuestos: estados de alarma, de excepción y de sitio. La segunda alternativa sería la más adecuada a esta situación. La primera ya la utilizó Zapatero en la huelga de controladores. La segunda permite al Gobierno efectuar detenciones por espacio de diez días, prohibir la libre circulación de personas, practicar registros sin orden judicial, suspender medios de comunicación, huelgas, reuniones, manifestaciones.
Ninguno de los dos supuestos se ha aplicado en nuestro país. Ambos están rebosantes de contraindicaciones políticas. Rajoy baraja desde hace tiempo recurrir al primero, pero siempre sin el menor entusiasmo. El Consejo de Ministros de esta mañana despejará las dudas. La fórmula anunciada por Puigdemont ante el pleno de la Cámara catalana, al prácticamente proclamar la república para luego suspenderla a la espera de negociaciones, quizás ha desbordado ya el límite de lo permitido. Y de la paciencia. Tanto de Rajoy como, desde luego, de Rivera y del propio Sánchez.
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