España sale de un 2017 marcado por la crisis independentista en Cataluña, pero el nuevo año no trae ni mucho menos tranquilidad. El complejo escenario postelectoral en el que los partidos secesionistas podrán conformar un nuevo Gobierno de la Generalitat marcará el inicio del curso político.
Disimulados tras el conflicto catalán han quedado asuntos de gran calado como la reforma del modelo de financiación autonómica o el futuro de las pensiones. El principal objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy será recabar los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018, tras haberse visto obligado a prorrogar los de este año ante la falta de acuerdo.
A nivel judicial, 2018 será el año de las sentencias. Si el pasado mes de julio Rajoy tuvo que sentarse en el banquillo como testigo en el macrojuicio de la trama Gürtel, en los próximos meses se conocerá el veredicto de ese y de otros procesos como el de 'los papeles' de Bárcenas o los ERE de Andalucía.
Cataluña
Las elecciones catalanas no han supuesto un cambio radical en la situación anterior a la aplicación del artículo 155. El presidente del Gobierno fijaba el 17 de enero como la fecha para que se constituya el nuevo Parlament. A partir de entonces, habrá un plazo de diez días para la sesión de investidura. El 4 de enero deberá despejarse la incógnita sobre el futuro del exvicepresidente Oriol Junqueras. El panorama cambiará si abandona la prisión.
Recuperar la estabilidad
El conflicto catalán ha generado un panorama de inestabilidad en un momento en que las cifras comenzaban a ser positivas tras largos años de recesión. El crecimiento en el entorno del 3,1 por ciento, la recuperación del PIB previo a la crisis y la creación de casi 600.000 puestos de trabajo son números que invitan al optimismo, según el Gobierno, para conseguir su objetivo de rebajar la cifra de paro al 11% en 2020. En este sentido, el jefe del Ejecutivo cree que España puede seguir creciendo al 2,5% para alcanzar el equilibrio presupuestario al final de legislatura.
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