La Universidad Rey Juan Carlos designó al catedrático Enrique Álvarez Conde para ser el presidente del Tribunal calificador de las oposiciones para seleccionar las 12 plazas de subinspector de la Policía Municipal de Madrid.
La Rey Juan Carlos suspendió el pasado viernes de forma cautelar al citado catedrático tras apreciar graves irregularidades en el máster de Derecho Autonómico que organiza el centro y que habría beneficiado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El Ayuntamiento de Madrid solicitó en el año 2014 a la universidad Rey Juan Carlos un catedrático de Derecho de prestigio para presidir esas oposiciones que eran una vieja aspiración del cuerpo.
El Cifse, órgano que se ocupa de la formación de los agentes, pidió a la Concejalía de Seguridad una persona de prestigio para que encabezara ese tribunal. La petición fue recibida en la universidad que designó al catedrático Enrique Álvarez Conde.
Sin embargo, el profesor no llegó a completar la prueba (lleva cuatro años abierta) y fue sustituido por Federico López, secretario del Ayuntamiento de Madrid.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid indicaron que aunque el profesor hubiera continuado no se hubiera tomado ninguna medida por ser asuntos diferentes.
Casualmente, esta oposición no ha sido cerrada debido a varios recursos que se han producido por lo que continúa viva cuatro años después de su celebración.
El hecho de que se eligiera a este profesor es considerado como una prueba de la buena relación que tenía el catedrático con las autoridades académicas que lo seleccionaron entre un numeroso plantel de profesores. El Ayuntamiento estaba entonces en manos del PP, partido con el que se relaciona al citado profesor.
Personas que conocen la universidad Rey Juan Carlos insisten en que el escándalo que se ha producido con el máster de Cristina Cifuentes está relacionado con la lucha por el poder que se estaba librando en los últimos meses en ese centro, que siempre ha sido considerado como una universidad cercana al PP.
La existencia de bandos en el equipo de Gobierno y la salida de la gerente habrían precipitado la entrega del dosier al profesor militante del PSOE, al que el PP acusa de poner en circulación la información contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La situación actual de la universidad es de una gran decepción en la comunidad educativa. Una alumna decía recientemente a este periódico que cuando vaya a buscar trabajo lo primero que tendrá que pensar es cómo evitar que sepan que ha estudiado en ese centro.
Petición de dimisión
Los últimos que han pedido la dimisión del actual rector son la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Universidad Rey Juan Carlos.
CSIF pidió la dimisión inmediata del rector de esta institución, Javier Ramos, tras conocerse las últimas informaciones sobre el expediente académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En un comunicado señaló que las declaraciones del responsable del máster de Cristina Cifuentes admitiendo la “reconstrucción” del acta presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid deja al rector de la Universidad en una situación insostenible, que menoscaba el prestigio de la institución y la profesionalidad de su plantilla.
“El rector de la Universidad,-señalan- además, debe presentar su dimisión para salvaguardar el interés de los alumnos que cursan sus estudios en este centro y que están asistiendo a estos sucesos con perplejidad, incertidumbre y una enorme preocupación”.
CSIF entiende que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos “no puede estar ni un minuto más al frente de la institución, pues el prestigio de la Universidad, la calidad de la enseñanza, la profesionalidad de sus trabajadores y la vida académica de los alumnos están por encima de esta polémica y el rector debe asumir ya su responsabilidad”.
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