La visita oficial de los Reyes a Marruecos puede retrasar el desenlace de la legislatura, no solo porque anunciar un adelanto electoral con el jefe del Estado fuera del país es inusual, sino porque a Don Felipe y a Doña Letizia les acompañan cinco de los 16 ministros del gabinete y el artículo 115 de la Constitución faculta al presidente del Gobierno a disolver las Cortes "previa deliberación del Consejo de Ministros".
Fuentes gubernamentales consultadas a Vozpópuli admiten que Pedro Sánchez, que finalmente no ha usado su derecho a subir a la tribuna de oradores en cualquier momento del Pleno de Presupuestos, está ahora mismo en La Moncloa "analizando" los pasos a seguir, pero no está previsto un Consejo de Ministros extraordinario antes del ordinario de este viernes.
En teoría, la ausencia de los titulares de Asuntos Exteriores, Josep Borrell; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Agricultura, ;Cultura, José Guirao; e Industria, Reyes Maroto, no impide a Sánchez convocar al resto del Gobierno esta tarde en La Moncloa para dar cumplimiento al trámite de escuchar su opinión sobre las fechas del adelanto.
Desolación en el PSOE
Tras la derrota parlamentaria de los presupuestos, y a pesar de que pesos pesados del Ejecutivo como el ministro de Fomento y secretario de Organización, José Luis Ábalos, sostienen que "ha pasado lo que se esperaba", la desolación y sensación de fin de ciclo en el PSOE es tal que todo el mundo da por hecho que las elecciones generales serán el 28 de abril -para ello el presidente tiene que disolver las Cortes el 5 de marzo- o ya el 26 de junio, convirtiendo las elecciones europeas, autonómicas y municipales en el temido por los barones socialistas superdomingo.
Sánchez está ahora mismo en Presidencia del Gobierno con sus principales asesores calibrando el roto político que le ha producido el no de los independentistas del PDeCAT y ERC a retirar sus enmiendas de totalidad a los presupuestos, porque el Ejecutivo se niega a negociar nada relativos al derecho de autodeterminación de Cataluña y la situación de los que denomina "presos políticos" que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y la posterior proclamación de la República catalana.
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