Negocia cada coma del presente, pero tiene en la mente la España del futuro, es decir, la era post Rajoy. Albert Rivera (Barcelona, 1979) piensa y respira en una generación que demanda innovación y progreso, que quiere ser más ambiciosa que la del presidente del Gobierno. Y se le nota, se le ve con ganas de dar la batalla. El líder de Ciudadanos visitó este miércoles la redacción de Vozpópuli y compartió con este diario su proyecto de país, donde visualiza más oportunidad que nunca para poner negro sobre blanco en la agenda reformista que necesita España.
En este desayuno, el dirigente centrista desgranó el timing (calendario) y el estado de las negociaciones entre bambalinas que espera seguir Ciudadanos en la modernización de la entumecida Constitución española, tras sus 38 años recién cumplidos. Una hoja de ruta en la que hay una cuestión trascendental -figura en las seis condiciones previas al pacto de investidura con el PP- que el líder naranja quiere sacar del melón constitucional. Según reveló en el desayuno con Vozpópuli, los planes de Rivera pasan por regular la limitación de mandatos del presidente del Gobierno, pero por la vía rápida, esto es, modificando la Ley del Gobierno de 1997 y sin tocar la Carta Magna.
Acompañado del responsable de Comunicación de C's y diputado en el Parlament, Fernando de Páramo, y de su jefe de prensa, Daniel Bardavío, Rivera explicó a este diario que no ve necesario reformar la Constitución para limitar los mandatos presenciales a ocho años y equiparar el modelo español al de otras democracias europeas y mundiales. “Es una de las medidas incluidas en el pacto de investidura con el PP, clave para la regeneración democrática y prioritaria para nosotros”, subrayó el presidente de la formación centrista.
A su juicio, y cuenta para ello con informes de expertos constitucionalistas, bastaría con el procedimiento de sumar mayoría simple en el Congreso para actualizar la ley ordinaria 5/1997 del Gobierno, aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar. Fue precisamente al hoy inquilino de La Moncloa, Mariano Rajoy, a quien tocó defender el texto en la Cámara baja como ministro de Administraciones Públicas. Ahora, la iniciativa naranja, de gran calado, provocará, nada más tomar cuerpo, la jubilación en diferido de Rajoy y agitará el debate sucesorio en las filas del PP, con la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, bien colocados para tomar el relevo en la dirección popular y en los designios del centro-derecha español.
Esta medida -al igual que las otras cinco condiciones- tiene que empezar a ser tramitada, porque así lo acordaron PP y C's, en los tres primeros meses desde la formación de Gobierno. Por ello, la intención de Rivera es promover su implementación “a principios de 2017”. La limitación de mandatos para el Jefe del Ejecutivo es una reivindicación clásica del partido naranja y también estuvo incluida en su acuerdo de El Abrazo con Pedro Sánchez (PSOE). Sin embargo, el procedimiento negociado con los socialistas fue una modificación de la norma suprema, pues había dudas sobre el encaje constitucional de la medida. Sánchez y Rivera se comprometieron con una reforma exprés de la Carta Magna para desarrollar este punto y cuatro más: supresión de aforamientos, simplificación de la iniciativa legislativa popular, reforma del CGPJ y transformación de las diputaciones.
La limitación de mandatos para el inquilino de La Moncloa es una reivindicación clásica de C's y también estuvo incluida en su acuerdo con el PSOE
Con el PP, en cambio, el equipo de Ciudadanos solo acordó “estudiar” una modificación de la Constitución a lo largo de la legislatura, proceso que pretende iniciar en breve pero del que queda excluida la limitación de mandatos. Sobre este aspecto, el punto 94 de su acuerdo consagra una voluntad genérica: “Establecer el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección”. No se concretó nada más. La ejecución de la medida se negociaría más adelante, “en el seno del pacto de Estado por la regeneración y la calidad de la democracia”. Ciudadanos ya tiene su propuesta -reforma de la Ley del Gobierno- y pretende que salga adelante dentro de escasas semanas.
Si bien el pacto anticorrupción establece que las medidas que lo componen han de lanzarse en los tres primeros meses de legislatura, lo cierto es que su consecución final variará mucho en función del camino elegido. Con un cambio constitucional, el asunto de la limitación de mandatos podría paralizarse hasta lograr el consenso necesario -un retraso de meses o años- y cabría la posibilidad de que Podemos forzara un referéndum para validarlo. Sin embargo, mediante una reforma de dicha ley ordinaria, en cambio, puede ser realidad en cuestión de semanas. Ciudadanos también rechaza hacerlo a través de una reforma exprés de la Carta Magna, fórmula que sí plantea para impulsar la eliminación de los aforamientos. Rivera no quiere mezclar ambos temas.
El PP tendrá escaso margen de maniobra para eludir o aplazar una iniciativa con la que ya se comprometió y que removerá las aguas monclovitas y genovesas por la sucesión. En verano, los populares ya consiguieron rebajar el propósito inicial de C’s, que era limitar el mandato del Jefe del Ejecutivo a “un máximo de ocho años o dos mandatos”. Finalmente se excluyó esta última consideración, que impediría a Rajoy volver a presentarse a unas eventuales elecciones anticipadas en 2017 o 2018 (si se queda sin apoyos parlamentarios). Su actual mandato ya es el segundo.
Fin de los aforamientos
En cuanto a lo que sí sería técnicamente una reforma de la Carta Magna, Rivera insistió en la idea que lanzó el Día de la Constitución: apretará el acelerador para la supresión del aforamiento del que gozan los parlamentarios, un punto que también está incluido en las condiciones previas al acuerdo de investidura con el PP. Para este caso, el líder de Ciudadanos apuesta por una reforma exprés de la Carta Magna y rechaza que sea sometida a referéndum, cuestión que podría ser forzada por Podemos al contar con más de un 10% de los diputados. En tal supuesto, Rivera cree que el partido de Pablo Iglesias estaría obligado a no posicionarse en contra de una medida de regeneración democrática de tal calibre, por lo que tanto su negativa o abstención como su petición de referéndum tendrían difícil explicación a la opinión pública.
Para tal cometido de reforma exprés, como se hizo con el artículo 135 (procedimiento ordinario, de urgencia, con lectura única y sin enmiendas al articulado), Rivera cuenta con la palabra del PP suscrita en su pacto de agosto. Habrá que ver en qué medida los populares cumplen lo firmado. Con el PSOE, sin embargo, no ha habido conversaciones recientes al respecto, apuntó el líder de C's. Aunque él confía en que los socialistas no serán un obstáculo, puesto que esta iniciativa también formó parte del acuerdo de El Abrazo en febrero.
Y en relación a la madre de las reformas, la del procedimiento agravado que abarca a las cuestiones más sensibles de la Constitución, Rivera ve posible un espacio de entendimiento para empezar los trabajos en una “mesa de diálogo”. “Antes de crear cualquier ponencia, hay que saber qué se requiere reformar y debe existir un amplio consenso previo”, destacó el presidente de C's, que cree posible atraer a Podemos a espacios de consenso como, por ejemplo, eliminar la preferencia del varón en la sucesión de la Corona.
Concesión 'in extremis'
Tanto estas bases como el formato, donde estaría presente un representante político por cada partido -asesorado cada uno de ellos por un experto constitucionalista-, son algo ya hablado y compartido con el PP, reveló el dirigente naranja. De hecho, indicó que fue uno de los últimos puntos del pacto de investidura que más trabajo le costó arañar a Rajoy. Una concesión in extremis. Sobre todo, después del debate interno que hubo en el PP para su inclusión en el programa electoral de las generales de 2015 (al final no fue entre las promesas populares del 20-D).
Así mismo, Rivera comentó que están esperando para dicha mesa un interlocutor del PSOE, cuya idea inicial, la de crear una subcomisión en el Congreso que inicie ya un nuevo redactado fue enfriada el pasado martes por el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, que antepuso también la búsqueda de consenso y aplazó cualquier avance a la existencia de un nuevo líder en Ferraz. De este modo, Podemos no tendrá oportunidad de desplegar al corto plazo y en sede parlamentaria su raca raca de “proceso constituyente”.
Esta gran reforma de la Constitución sería votada en referéndum, como obliga la Carta Magna, con la próxima convocatoria de elecciones y disolución de las Cortes. Ciudadanos está en contra, sin embargo, de cualquier referéndum para un cometido menor, que podría ser aprovechado por Podemos erigirse en única oposición y vender una especie de plebiscito sobre la forma política del Estado (monarquía parlamentaria).
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