Romay Beccaria, gallego, a punto de cumplir los 83, fue compañero de aventuras de Fraga en Alianza Popular, ministro de de Sanidad con Aznar y mentor político de Rajoy y Feijóo. Salvo Aznar, todo queda entre gallegos. Romay preside desde hace cuatro años el Consejo de Estado, el órgano consultivo que, con su dictamen demoledor sobre el Yak 42 ha dado sepultura a la carrera política de Federico Trillo, algo alicaída ya en los últimos tiempos. Trillo va a ser defenestrado de su puesto de embajador en Londres. “Había pedido mi salida hace un año”, declaraba este jueves. Aspiraba, según algunas versiones, a un puesto de relevancia en el Consejo de Estado, del que es letrado. Quizás la presidencia. Algo ya inimaginable. Ahora se sentirá satisfecho, según declaraba a la Cope, con ocupar la plaza que le corresponde, letrado mayor de la Institución. Un puesto de funcionario ganado en una oposición. Las aguas bajan demasiado revueltas para pensar en otras alternativas.
Como titular del Consejo de Estado, Romay Beccaria, que mantiene un sepulcral silencio sobre todo este embrollo, presidió la Comisión Permanente que aprobó, por unanimidad, el dictamen elaborado por el consejero Fernando Ledesma como responsable de la sección Cuarta de este órgano, la que atiende cuestiones referidas a Defensa, Turismo y Comercio. Ledesma, antiguo presidente del Consejo, fue ministro de Justicia con Felipe González y es un gran amigo de José Bono, quien sucedió a Trillo en la cartera de Defensa y convirtió el caso Yak en uno de los ejes de su gestión.
Como consejeros permanentes integran esa Comisión ocho veteranos del mundo de la política y la judicatura española como Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta con Rodríguez Zapatero. También aparecen ex padres de la Constitución como Herrero de Miñón, o el exministro de Justicia de la UCD Landelino Lavilla. Juristas de trayectoria como Rodríguez Piñero y José Luis Manzanares. Alberto Aza, jefe de la Casa Real y Enrique Alonso, doctor en Derecho completan la alineación.
Pedro Morenés, titular de Defensa hasta el último cambio de Gobierno, encargó el dictamen, hace ya dos años, ante las demandas de los familiares de las víctimas, que vienen reclamando compensaciones morales, políticas y económicas al Gobierno. El texto se elaboró durante varios meses del pasado año y se remató y aprobó, con las unánimes bendiciones de la ejecutiva del Consejo y de su presidente, Romay Beccaría al frente, a finales de octubre. Su contenido no se dio a conocer públicamente ni se colgó en la web de la institución. Pocos sabían de su existencia. Desde el Consejo se insistía en que se han seguido los trámites habituales. A petición del Gobierno se elabora el documento y se remite, en el plazo habitual, al departamento solicitante. Lo que nadie explica es porqué se guardó silencio desde el 20 de octubre hasta su aparición en un medio.
Rajoy, en sus declaraciones navideñas desde Galicia, aseguró que desconocía que el Consejo de Estado había elaborado tal dictamen. Un texto que traslada sin demasiados matices responsabilidades al Estado y al ministerio de Defensa por no haber prevenido los sucesos que pudieron evitar la catástrofe. “El dictamen tiene demasiada carga política”, comenta a Vozpópuli un jurista del PP. Así y todo, nadie lo ‘pulió’ ni lo ‘peinó’. Un obús contra el departamento de Defensa en los tiempos de la tragedia y, por extensión, una sentencia de defunción política para quien era entonces su titular, Federico Trillo.
El Gobierno ha intentado separar la salida de la embajada de Trillo con esta encendida polémica. “Estaba previsto desde hace meses, junto a otros 70 cambios de embajadores”, aseguraban desde Moncloa. “Es sólo un dictamen, no hay más”, apuntaba Fernando Maíllo, vicesecretario del PP.
Una sustitución cargada de peligros
Hace cuatro años, Mariano Rajoy rescató a Romay, su viejo protector y compañero de confidencias, del incómodo cargo de tesorero del PP, en sustitución de Luis Bárcenas. Había estallado el escándalo pero sin alcanzar aún su mayor nivel de intensidad, alcanzado al divulgarse el mensaje con ‘Luis, se fuerte’. Años después, durante el procedimiento judicial, alguna salpicadura alcanzó a Romay proveniente de la declaración de Bárcenas ante el tribunal. Insinuaciones y acusaciones de inconsistente relevancia, según el aludido.
Romay lo ha sido todo en el PP y en sus respectos gobiernos. Desde subsecretario del Interior con Fraga (1975) a consejero de varias especialidades en la Xunta, a ministro de Sanidad con Aznar, diputado, senador, presidente del Comité Electoral del PP con Rajoy… un rosario de cargos sin fin. El más comprometido, sustituir a Bárcenas. Feijóo fue encargado por Ana Mato, vicesecretaria de organización del PP, de controlar el Código de buenas prácticas del partido en 2009. De ahí a hacerse cargo de las finanzas, sólo medió un paso.
De discreción impoluta, sabedor de tantos secretos del partido como Javier Arenas, el penúltimo superviviente de la vieja guardia aznarista, Romay ha evitado siempre la primera línea de la política. Su sitio es el despacho y la trastienda. Impulsó a Mariano Rajoy en sus primeros pasos por la política, en los tiempos de la diputación de Pontevedra y luego en el Gobierno de Aznar, en el que compartieron sillón en el Consejo de Ministros. También ha velado por la evolución profesional de Núñez Feijóo, a quien trajo a Madrid para ponerle al frente de Insalud, en sus tiempos como titular de la cartera de Sanidad. El ‘puntal supremo’ del poder gallego en el PP pasa por Romay Beccaria, quien también ha ejercido de consultor y consejero de la zamorana Ana Pastor, actual presidenta del Congreso que forma también parte, por vía marital, del ‘clan de la gallegada’ del que se rodea Rajoy.
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